TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

“La sanidad canaria asumirá todo caso de enfermedad infectocontagiosa como problema de salud pública que es, tengan papeles o no los pacientes. Por supuesto que seguiremos atendiendo a los ya existentes y se diagnosticará y se tratará a los que lleguen a partir de mañana [por hoy]”. Con esta rotundidad se expresó ayer el director general de Salud Pública del Gobierno regional, José Díaz-Flores, en declaraciones a DIARIO DE AVISOS acerca de la polémica suscitada por la entrada en vigor, hoy, de una normativa que exige a los inmigrantes irregulares a costearse la atención sanitaria.

A este respecto, Díaz-Flores recordó que “los únicos problemas con enfermedades de este tipo en Canarias durante los últimos años están relacionados con ciudadanos del Primer Mundo que erróneamente no han vacunado a sus hijos de enfermedades como el sarampión”. “Nuestros controles son muy estrictos y los hechos han demostrado de sobra que son plenamente efectivos; y esta nueva normativa no impedirá que lo sigan siendo”, apostilló.

Más allá de este tipo de enfermedades, este alto cargo de la administración canaria se mostró en consonancia con lo expuesto el jueves por el portavoz del Ejecutivo, Martín Marrero, al manifestar su preocupación “porque no se han detallado los distintos procedimientos a seguir”. Además, desveló que “esta misma semana se abogó informalmente, tanto desde Canarias como desde otras comunidades autónomas, por una moratoria que evite la confusión actual”. Sobre el número de afectados en Canarias por este Real Decreto para la sostenibilidad del sistema sanitario aprobado el pasado mes de abril, Díaz-Flores emplazó al Instituto Nacional de la Seguridad Social a “comunicar a cuántos se les va a retirar la tarjeta sanitaria, ya que ni tan siquiera ese dato, tan elemental, se ha facilitado”.

Tras apuntar que desde la administración canaria se estima que los afectados serían unos 20.000, Díaz-Flores fue cuestionado acerca de la cifra de algo más de 42.000, resultante de cruzar el padrón municipal con el dato de residentes con certificado de registro o tarjeta de residencia. “Si esa cifra se aproxima a la realidad, estamos ante un serio problema”, fue la escueta pero elocuente respuesta del director general autonómico.

Según la norma, los extranjeros en situación irregular sólo tendrán derecho a ser atendidos en urgencias hasta que se les dé el alta, durante el periodo de embarazo, parto y posparto y a que los menores de 18 años reciban asistencia pediátrica en las mismas condiciones que los niños y adolescentes canarios.

También perderán su condición de asegurados los españoles que nunca han trabajado y que tengan ingresos superiores a 100.000 euros al año, los denominados “rentistas”.

Sanidad se ha comprometido a no dejar sin tratamiento a los enfermos de este colectivo crónicos o graves, aunque la atención la financiará el país de origen si hay convenio de colaboración. Si no existe, el inmigrante será atendido cuando el facultativo determine un riesgo vital.

Tanto para los extracomunitarios en situación irregular como para los europeos no asegurados, las autoridades sanitarias estudian ofrecerles una póliza si quieren cobertura sanitaria completa, de unos 710,40 euros anuales o de 1.864,8 para los mayores de 65. Sin embargo, ocho comunidades autónomas -Canarias incluida- han anunciado que mantendrán la asistencia sanitaria a los irregulares como hasta ahora se ha hecho.

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Sáenz de Santamaría: “Las comunidades pueden definir cómo lo van a sufragar”

La vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró ayer que no va a haber “desatención sanitaria” a los inmigrantes sin papeles y afirmó que las comunidades autónomas pueden, “en su ámbito de competencia”, definir cómo van a dar esa prestación “y cómo lo van a sufragar”. El Ministerio de Sanidad anula desde hoy la tarjeta sanitaria de los inmigrantes en situación irregular y de todos aquellos extranjeros que no cotizan a la Seguridad Social por considerar que no pueden ser beneficiarios del Sistema Nacional de Salud (SNS), en medida que pretende ahorrar.

Preguntada por las comunidades que han anunciado que seguirán con la prestación sanitaria como hasta ahora, Sáenz insistió en que “no va a haber desatención sanitaria” a la par que recordó que la nueva normativa es la que rige en la mayoría de Estados de la UE.

Además, Sanidad sostuvo ayer que el coste de estas asistencias quedará registrado, por lo que las comunidades podrán reclamar su abono si en un futuro los atendidos consiguen regularizar su situación.

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