JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife
El controvertido real decreto-ley para la Sostenibilidad del Sistema Sanitario, que entró en vigor el pasado día 1, continúa generando polémica, en especial en lo que se refiere a la atención a los inmigrantes que se encuentran en situación irregular. Al respecto, según confirmaron desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, hasta ayer el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) todavía no había enviado a la Consejería los datos corregidos y actualizados con los que debe trabajar el Servicio Canario de Salud (SCS), por lo que no ha podido empezar a aplicar el referido decreto, que además tampoco ha sido desarrollado por el Ministerio.
“El Ministerio envió el día 31 unos datos, pero el pasado martes día 4 notificaron que existían errores, por lo que tuvimos que paralizar el proceso que habíamos iniciado para cruzar dichos datos con los nuestros”, manifestaron al DIARIO desde Sanidad. Por ello, las mismas fuentes negaron rotundamente que se haya dejado de atender a alguna persona con tarjeta sanitaria en vigor, como han asegurado algunas asociaciones y ONG en los últimos días. Al respecto, en la Consejería insistieron que se sigue prestando “la misma atención y en las mismas condiciones de siempre”, ya que “todavía no se ha podido iniciar el cribaje de los datos”, por lo que sólo se continúan facturando los servicios prestados a aquellas personas cuya tarjeta sanitaria no está en vigor desde el 31 de agosto. En este sentido, desde el departamento autonómico recordaron que si los pacientes sin tarjeta sanitaria pertenecen a países con los que existe convenio sanitario, se les facturan los servicios al país de origen; y en el caso de que la persona atendida sea de un país con el que España no tiene ningún acuerdo, se le facturan directamente los servicios prestados.
“Es algo que ocurre no sólo aquí, sino en todo el sistema sanitario nacional y la mayor parte de países del mundo”, subrayan las mismas fuentes. De igual modo, y en menor medida, Sanidad expone que también se han dado casos de españoles que no poseen tarjeta sanitaria, ya que nunca han cotizado o no han regularizado su situación. El real decreto, aprobado el pasado mes de abril, determina que los extranjeros en situación irregular sólo tendrán derecho a ser atendidos en urgencias, hasta que se les dé el alta, durante el periodo del embarazo, parto y posparto y a que los menores de 18 años reciban asistencia pediátrica en las mismas condiciones que los niños españoles. En Canarias, como publicó este periódico la semana pasada, la decisión del Gobierno afecta a unos 42.000 inmigrantes que no tienen regularizada su situación. Dicha cifra se obtiene cruzando el padrón municipal con el último dato de residentes con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor, que publica cada tres meses la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. Así, de los 309.674 inmigrantes empadronados en el Archipiélago hasta el 1 de mayo, sólo 267.153 están en las Islas en situación regular.
El resto, más de 32.000 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y casi 10.000 en la de Las Palmas, quedarían fuera de la atención sanitaria. La mayor parte de ellos, cerca del 60%, son latinoamericanos y africanos, y en menor medida asiáticos y europeos no comunitarios.
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Una plataforma invita a la ciudadanía a rebelarse contra los recortes
Una nueva plataforma, que lleva por lema Yo sí, sanidad universal y que está formada por usuarios y trabajadores del Sistema Nacional de Salud, invitó ayer a todos los ciudadanos a rebelarse contra el decreto de ahorro sanitario del Gobierno. Nacho Revuelta, uno de sus portavoces, explicó en una rueda de prensa que el objetivo de este movimiento es promover la “desobediencia civil” frente a la reciente reforma sanitaria.
Las medidas recogidas en el Real Decreto-Ley 16/2012 suponen, según este colectivo, “la exclusión de cientos de miles de personas del derecho a recibir atención sanitaria y el repago de medicamentos y de ciertas prestaciones”. Los integrantes de esta iniciativa, que aseguran no estar suscritos a ningún partido político, quieren que se vuelva al “modelo anterior de Sanidad universal”, en el que el acceso a sus servicios estaba garantizado a toda la población sin excepciones.
“Ahora solo las personas aseguradas podrán tener garantizado el acceso a algunas prestaciones básicas”, aseveró Revuelta, tras emitir un vídeo en el que hablan diversos afectados por esta medida, tanto usuarios como médicos y enfermeras. La plataforma apoya la objeción de conciencia de los sanitarios para seguir atendiendo a los afectados por la reforma, especialmente a los inmigrantes ilegales que han perdido su tarjeta sanitaria, así como una actuación de “acompañamiento” para vigilar que no se abandona a este colectivo.
Revuelta aseguró que en la primera semana de aplicación del decreto ya se han registrado las “primeras restricciones”, entre las que ha citado un caso por el que un inmigrante tuvo que pagar para ser atendido de una meningitis y el de un epiléptico al que no se le hizo la receta para adquirir sus medicamentos, pese a no tener dinero para costeárselos.
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