Las CCAA no registran incidencias en la atención sanitaria a inmigrantes

EFE | Madrid

La mayoría de los centros de salud de las comunidades autónomas no han detectado estos días ningún tipo de incidencia después de que el sábado pasado el Ministerio de Sanidad anulara la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles.

En Canarias, ni la Consejería de Sanidad ni el Sindicato Médico de Las Palmas tienen constancia de ninguna incidencia, aunque la presidenta de este colectivo profesional, Carmen Nuez, ha mostrado su “indignación” por la entrada en vigor del decreto.

Sanidad anuló el día 1 la tarjeta sanitaria a 910.000 pacientes que no pagan impuestos, porque no contribuyen a las arcas de la Sanidad pública, una medida urgente con la que se espera ahorrar al menos 1.500 millones de euros.

Este lunes fue el primero en el que los centros de salud afrontan la nueva situación, que afecta especialmente a más de 150.000 inmigrantes sin permiso de residencia, por su vulnerabilidad económica y social, y que hasta ahora eran atendidos con solo empadronarse en este país.

País Vasco, Cataluña, Navarra, Andalucía, Canarias o Asturias ya habían anunciado que seguirían atendiendo a los “sin papeles” e incluso algunas regiones como Galicia y Castilla León, gobernadas por el Partido Popular, también mantendrán la asistencia.

En Castilla y León, ni la Consejería de Sanidad ni los colectivos que mayoritariamente atienden a los inmigrantes más necesitados en esta comunidad -Cáritas y Cruz Roja- han detectado estos primeros días incidentes derivados de la aplicación de la nueva normativa.

En la práctica, los médicos tienen orden de la Junta de prestar la atención como hasta ahora, a la espera de que se “depure” la base de datos remitida por el Ministerio y que detallará qué inmigrantes en situación irregular han perdido el derecho a utilizar su tarjeta.

Las autonomías gobernadas por el PP que seguirán al pie de la letra el decreto y que por tanto atenderán a los inmigrantes, pero les cobrará por ello, son Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana, Extremadura, Baleares, Cantabria y La Rioja.

En Aragón, según fuentes del Ejecutivo regional, no ha habido incidencias que reseñar, al igual que en Baleares, donde fuentes gubernamentales aseguran que no ha habido “nada relevante”.

El consejero de Salud de La Rioja, José Ignacio Nieto, aseguró este lunes que ningún inmigrante irregular ha pedido este pasado fin de semana ser atendido en el Sistema Público de Salud de la región, en donde no se ha detectado incidencia alguna en la asistencia.

Nieto, en declaraciones a los periodistas, ha recordado que La Rioja atenderá a todos los inmigrantes irregulares que lo soliciten, pero se les facturará con posterioridad si no son menores, mujeres embarazadas o casos urgentes.

Los servicios sanitarios de Extremadura no han registrado incidencias en la atención a inmigrantes. Según ha informado el Gobierno regional, como aseguró la pasada semana el director gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Albino Navarro, a los médicos “no se les ha dicho en ningún momento” que a las personas que estén en situación irregular “se les niegue la asistencia”.

En Castilla-La Mancha tampoco se tiene constancia de incidencias. Algunos médicos objetores de la región se han puesto en contacto con la Coordinadora de Asociaciones de Inmigrantes, a la que se han ofrecido para atender a los “sin papeles” que no dispongan de la preceptiva tarjeta sanitaria.

Cantabria por su parte no ha retirado aún la tarjeta a los extranjeros en situación irregular por “discrepancias” entre sus datos y los remitidos por el Ministerio, aunque espera llevar a cabo esta medida “a lo largo de la semana”, ha dicho la vicepresidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga.

Regiones como Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana no facilitaron aún datos por ser “demasiado pronto” para ver la repercusión del decreto.

Sin embargo, inmigrantes usuarios de la sanidad pública valenciana criticaron el domingo que compatriotas en situación irregular tengan que pagar por la asistencia en los centros de salud si no cuentan con un seguro o no abona la factura su país de origen.