El título de esta columna puede ser calificado con todo derecho por el lector como de lapidariamente negativo. Pero no deja de ser una predicción que lamentablemente va a cumplirse dadas las premisas con las cuales se inicia este nuevo diálogo entre el Gobierno colombiano y el grupo terrorista FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).

En primer lugar, porque las condiciones impuestas por el presidente Santos son inaceptables para los miembros de este grupo armado: abandono de las armas a cambio de integrarse en la vida política y social excepto los involucrados en delitos de sangre, continuación del combate en su contra por parte del ejercito y las fuerzas de seguridad hasta que se disuelva en grupo terrorista, que entreguen las armas y sus miembros reclamados por crímenes de sangre, y la no cesión de “un centímetro de territorio colombiano“, dijo. En segundo lugar, porque los mediadores que van a participar en las negociaciones carecen en absoluto de poder disuasorio tanto sobre Santos como, principalmente, sobre las FARC, que difícilmente acepten estas condiciones. Noruega no es, como podría serlo Suecia por ejemplo, un país reconocido por su propensión a otorgar asilo político a miembros de guerrillas de izquierda, como se definen las FARC, algo de lo que sí puede hacer gala Suecia desde siempre y realizaría ahora con los reclamados por esos crímenes de sangre, mientras que Cuba ya carece de toda capacidad de control sobre este movimiento creado en Colombia a instancia de Fidel Castro y el Che Guevara en lo ideológico, y en lo logístico y armamentístico sustentado por la disuelta Unión Soviética. Al respecto cabe recordar que el propio Fidel repudió el secuestro como modo de lograr imponer las ideas, pese a lo cual se estima que al menos ochocientas personas siguen padeciendo cautiverios inhumanos por parte de fracciones de las FARC dispersas por toda Colombia, donde su principal modo de sustento sigue siendo el robo de alimentos a los habitantes y su aprovisionamiento militar por la vía del comercio de droga. El presidente Santos, en línea con su antecesor Álvaro Uribe, ha sido extremadamente claro en sus condiciones y difícilmente renuncie a alguna de ellas pues implicaría una derrota para la democracia colombiana, que lleva 50 años luchando contra el terrorismo. Y las FARC no están dispuestas a disolverse e integrarse entregando a muchos de sus miembros, reconociendo que esas cinco décadas no sirvieron de nada, que fueron a cambio de nada, excepto de formar ahora un partido político y conseguirse un empleo.

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