EUROPA PRESS | Madrid

El Congreso de los Diputados dará luz verde este jueves al decreto ley de medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y por otras catástrofes naturales, con el objetivo de “restaurar el daño causado y ayudar a que las zonas afectadas y sus habitantes vuelvan cuanto antes a la normalidad”. Ana Oramas (CC), ha pedido la modificación de este decreto porque si no, no se paliarán los daños producidos en el archipiélago canario, al tener una serie de singularidades que no se tienen en cuenta en la norma.

Durante su debate, la norma ha recibido el apoyo de PP, PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, el PNV, ERC y de Coalición Canaria-Nueva Canarias. Es más, el Gobierno ha accedido a tramitarlo como proyecto de ley para que el resto de grupos parlamentarios puedan aportar sugerencias y mejorar la norma.

En todo caso, el decreto se encuentra en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el pasado 8 de septiembre, un día después de su aprobación en Consejo de Ministros, y fuentes de Interior han asegurado a Europa Press que los damnificados podrán seguir solicitando dichas ayudas, tal y como se fija en el decreto ley.

El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha sido el encargado de defender este nuevo decreto ley del Gobierno que, a su juicio, responde al compromiso del Ejecutivo con la reparación de los daños ocasionados por las catástrofes acaecidas estos meses de verano.

Nueve fallecidos

Fernández Díaz, que ha lamentado la pérdida de los nueve fallecidos por esta situación, ha detallado que las comunidades donde se aplicará la norma serán, entre otras, la Comunidad Valenciana, Canarias, Cataluña, Extremadura, Castilla y León, Andalucía, o la Comunidad de Madrid.

Así, ha dicho que las medidas previstas en la norma se aplicarán en las zonas afectadas desde el 1 de junio hasta el pasado 8 de septiembre, con la posibilidad de extender su aplicación a otros incendios o tormentas que pudieran producirse hasta el primero de noviembre, fecha en la que finaliza la temporada de incendios forestales.

El decreto contempla ayudas para daños personales, materiales y enseres; ayudas a personas físicas y jurídicas; ayudas para el alquiler, reparación y reconstrucción de viviendas para propietarios, inquilinos y comunidades de propietarios para los espacios comunes; subvenciones por daños en infraestructuras municipales, en la red viaria de diputaciones y cabildos por las que se podrá cubrir hasta el 50 por ciento de su coste.

También incluye medidas fiscales, como la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para los inmuebles gravemente dañados o reducciones en el impuesto de actividades económicas correspondientes a 2012. Además, las ayudas estarán exentas del IRPF y habrá reducciones fiscales importantes para las actividades agrarias.

Es más, ha señalado que el decreto ley establece un plazo de dos meses para presentar las solicitudes de ayuda y, además, para agilizar su tramitación, la norma reduce el plazo para resolver el procedimiento de los seis meses habituales a sólo tres.

“Todas las ayudas se abonarán con cargo a los créditos dotados con el carácter de ampliables en la vigente ley de Presupuestos del Ministerio de Interior”, según ha especificado Fernández Díaz.

Programas de financiación

Igualmente, ha destacado que el programa de ayudas previstas dirigidas a la reparación de las zonas afectadas establece la compensación de pérdidas de producción superiores al 30 por ciento y que han sufrido los titulares de explotaciones agrarias y ganaderas que tengan pólizas en vigor, amparadas por el plan de seguros agrarios combinados.

También abre la posibilidad de financiación de hasta el 50 por ciento del coste de las obras de reparación de todo tipo de infraestructuras, así como la tramitación de las obras por el periodo de emergencia.

Para llevar a cabo las obras de reparación de daños, Fernández Díaz ha dicho que ONG y administraciones públicas podrán solicitar del servicio público de empleo la adscripción de trabajadores receptores de las prestaciones por desempleo para trabajos de colaboración social.

Propuestas de mejora

En el turno de fijación de posiciones, han sido varios los grupos parlamentarios que han solicitado su tramitación como proyecto de ley para “corregir” o mejorar el texto del Gobierno. Así las cosas, Laia Ortiz, de ICV, cree que olvida a las heladas o las tormentas que también han tenido lugar en verano, además de que se quedan fueran algunas medidas en materia de vivienda, y los daños agrícolas, por ejemplo.

Por su parte, Toni Cantó, de UPyD, ha solicitado de igual forma su tramitación como proyecto de ley porque cree que hay un punto “muy importante” que dice que el PP parece no entender: la importancia de la cultura de la prevención.

Desde Compromís-Equo, Joan Baldoví, reclama una correción de este decreto para que se incluyan en el ámbito de aplicación del mismo a los agricultores afectados por las heladas de febrero de la Comunidad valenciana, después de que fueran dañadas más de 70.000 hectáreas.

Ana Oramas pide que se tenga en cuenta la singularidad canaria

Al mismo tiempo, la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha pedido la modificación de este decreto porque, según ha explicado, si no, no se paliarán los daños producidos en el archipiélago canario, al tener una serie de singularidades que no se tienen en cuenta en la norma, como la cofinanciación de los cabildos y la distribución de la Red Natura 2000, que es diferente que en la Península.

Mientras, desde el PNV, Arantza Tapia se ha mostrado “totalmente de acuerdo” con las políticas paliativas, pero también apoya políticas de prevención. Eso sí, ha llamado la atención sobre la construcción de un nuevo formato para conceder ayudas por catástrofes para no tener que recurrir siempre al decreto ley.

Además, Teresa Jordà, de ERC, ha pedido a su vez su tramitación como proyecto de ley porque, a su juicio, el sistema de financiación es inferior al apoyado en el Congreso en el mes de julio en una iniciativa. Es más, quiere que se endurezca la ley y que se adopten beneficios fiscales para los afectados.

Así lo han apoyado tanto Marc Solsona, de CiU, como José Luis Ábalos, del PSOE, que han coincidido en que este decreto vulnera el acuerdo adoptado en julio en el Congreso que determinaba que, al menos, debía recoger las ayudas contempladas en la Ley de 2010 sobre catástrofes, que no se cumplen.

Por ello, el nacionalista catalán ha reclamado su tramitación como proyecto de ley, mientras que el socialista ha criticado el plazo establecido para solventar los daños, ya que los incendios previos al 1 de junio no van a percibir ninguna ayuda.

En el momento de presentación en Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno precisó que hasta la fecha no se cuenta con una estimación del coste de estas medidas, porque está a la espera de que las comunidades afectadas valoren el alcance de estos desastres. No obstante, sí aseguró que se ha solicitado la aplicación del Fondo de Solidaridad Europeo, que ya se ha tramitado para el fuego de Valencia y “posiblemente” se amplíe a otras zona