EUROPA PRESS | Madrid

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves todas las enmiendas parciales y de devolución presentadas contra el proyecto de ley de modificación de la Ley de Estabilidad, y ha dado vía libre al texto propuesto por el Gobierno para regular el acceso a mecanismos extraordinarios de financiación de las comunidades, como el Fondo de Liquidez Autonómico, con el respaldo de PP y UPN.

El Pleno de la Cámara baja ha rechazado tanto las cinco enmiendas de totalidad como el medio centenar de enmiendas parciales presentadas por los diferentes grupos parlamentarios que, de forma generalizada, argumentaban que la reforma normativa supone una recentralización del Estado.

Los ‘populares’ habían pactado únicamente una transaccional con UPyD, pero el rechazo de CiU ha impedido que pudiera ser votada, por lo que finalmente sólo se han aprobado los cambios propuestos por el Ejecutivo.

Así, el proyecto de ley de modificación ha sido aprobado con 182 votos a favor de PP y UPN, la abstención del PNV y 129 votos en contra del resto de partidos. Finalizado este trámite de urgencia y por lectura única, el texto será remitido al Senado para su debate y aprobación definitiva.

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Los cambios en la Ley de Estabilidad de abril supondrán que el Gobierno central pueda imponer a las comunidades condiciones particulares en materia de seguimiento y remisión de información a quienes soliciten las ayudas, así como cualquier otra condición que se pueda determinar, incluyendo medidas extraordinarias de ajuste para cumplir con los objetivos de déficit y deuda.

Además, con las modificaciones, la ley obligará a comunidades y ayuntamientos con apuros económicos a redactar planes de ajuste y calendarios de aplicación, cuyo cumplimiento condicionará el desembolso por tramos de las ayudas, y someter a las administraciones públicas a un control discrecional de la Intervención General del Estado para garantizar el reembolso de las ayudas, que no computarán como deuda del Estado.

El Fondo de Liquidez Autonómica tendrá condiciones sobre la aplicación de los recursos

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha afirmado este jueves que el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) estará operativo a finales de septiembre o, como muy tarde, a principios de octubre, y ha anunciado que las regiones que se adhieran a él tendrán que acatar condiciones relativas “a la aplicación de los recursos financieros” así como el cumplimiento del objetivo de déficit que tengan fijado.

Así lo ha puesto de manifiesto durante la defensa del proyecto de ley que modifica la Ley de Estabilidad del pasado mes de abril para precisar algunas condiciones de acceso a mecanismos extraordinarios de financiación, como el FLA, que fue creado en julio por la vía del decreto ley.

Montoro ha indicado que “la adhesión al mecanismo será voluntaria por parte de las comunidades autónomas y su vigencia será indefinida hasta que se resuelvan las dificultades”. “Y, como no puede ser de otra manera, supondrá condiciones para las comunidades: el compromiso con el cumplimiento del objetivo de déficit público y condiciones relativas a la aplicación de esos recursos financieros que tomen del fondo”, ha añadido.

El ministro ha justificado también la opción por la tramitación de urgencia y por lectura única en la Cámara baja de esta norma para “poder tener operativo el fondo a finales de septiembre o, como muy tarde, en los primeros días de octubre” con el objetivo de “poder atender los vencimientos de cierta consideración” que afrontan algunas regiones y evitar así el “perverso” recurso al déficit comercial para financiarse.

“Se equivoca quien intenta separar”

Anticipando las críticas de la oposición sobre que el cambio normativo conculca la autonomía financiera de las comunidades, Montoro ha comenzado su intervención afirmando que “el Estado de las Autonomías es incuestionable, es la esencia misma de la Democracia española”, y recordando que estas administraciones “tiene la responsabilidad de promover políticas para superar cuanto antes la crisis”.

“El Estado de las Autonomías está definido en nuestra Constitución y desarrollado en la doctrina del Tribunal Constitucional (TC). Es un fundamento institucional que reúne a los españoles. Y se equivoca quien no lo entienda así y esté utilizando el Estado de las Autonomías para separar, dividir o enfrentar, cuando lo que necesitamos es un mensaje de unidad, coincidencia en los planteamientos de política económica”, ha afirmado, aludiendo a las reclamaciones de independencia llegadas desde Cataluña en las últimas horas.

Por eso, ha apelado a los grupos parlamentarios para que superen las “discrepancias” con respecto de las propuestas del Gobierno para sacar adelante una ley imprescindible para que el FLA pueda funcionar. “Las enmiendas de totalidad no se entienden, no tienen sentido. Pido coherencia a los grupos, puesto que la mayoría tiene responsabilidades de Gobierno en comunidades autónomas en estos momentos y saben lo que está ocurriendo en clave financiera”, ha dicho.

Defensa del estado de las autonomías

En este sentido, el titular de Hacienda ha apostado por “facilitar las cosas entre todos” y “promover una acción conjunta”, y ha defendido que, desde la llegada del PP al Gobierno, ha estado trabajando para “dar facilidades a las comunidades porque de ellas depende la prestación de servicios públicos a los ciudadanos”.

Así, ha recordado tanto el plan de pago a facturas pendientes, dotado con 27.000 millones de euros gracias a los cuales se pagaron 5,5 millones de facturas a 134.000 proveedores autonómicos. “El Gobierno no escatima ningún esfuerzo a la hora de buscar soluciones urgentes en tiempos extraordinarios que garanticen la liquidez, el funcionamiento de nuestras administraciones públicas, parte de las cuales tienen estrangulado el acceso a mercados de financiación”, ha insistido.

Por último, ha recordado que esta política de respaldo a las administraciones públicas no es óbice para no cumplir los objetivos de consolidación fiscal y estabilidad presupuestaria, consagradas en la Ley de Estabilidad que ahora se modifica, ya que son “la base para impulsar el crecimiento y la creación de empleo, garantizar el bienestar de los ciudadanos, crear oportunidades para los emprendedores y ofrecer perspectivas de futuro”.