Cuando el monte se quema, y cuando lo hace con la extensión y la virulencia de los incendios que este verano han asolado los montes de La Palma, Tenerife y, sobre todo, La Gomera, la ciudadanía se plantea muchas preguntas, quedan muchos interrogantes flotando entre los rescoldos y la ceniza. Y el primero se refiere al origen, a la autoría del fuego. ¿Por qué se incendia un monte? ¿Cómo se inician las llamas? ¿Por qué coinciden en el tiempo tantos incendios juntos? ¿La coincidencia se debe únicamente a la concurrencia de las mismas condiciones climáticas y meteorológicas? Todos los expertos se muestran de acuerdo en que el 95% de los incendios forestales es provocado, bien por imprudencia, bien por intencionalidad criminal. Sin embargo, cuando el fuego se apaga y deja de ser noticia y proporcionar titulares, o no se informa de ninguna detención o se informa de algunas con muy poco relieve. Y es de suponer que se informa de lo que hay. En otras palabras, entre los rescoldos y la ceniza flota también un sentimiento de impunidad y de indefensión de la ciudadanía.
Este asunto estuvo en la base de la polémica entre el presidente del Gobierno autonómico y la delegada del Gobierno central. Se quejó Paulino Rivero de la ausencia de detenciones, y la delegada, con un lenguaje jurídicamente incorrecto y confuso (“se les detiene para tomarles declaración”), afirmó que se habían producido varias detenciones, que los detenidos habían sido puestos a disposición judicial, y que no se proporcionaban más detalles para no perjudicar las investigaciones en curso. Además, denunció el fundamento partidista y político de las manifestaciones de Rivero. No obstante, la propia Guardia Civil desmintió a la delegada, y puntualizó que no había practicado detenciones y ni siquiera interrogatorios, sino que se había preguntado a varias personas. Por otra parte, la delegada del Gobierno comentó de manera contradictoria que no se apreciaban indicios del origen intencionado de los incendios, cuando no hay que ser muy entendido para advertir esos indicios en abundancia. Si la delegada no sabe ni lo que hace la Guardia Civil o, lo que es peor, pretende engañar a la opinión pública, está claro que el cargo sobrepasa sus capacidades políticas y, teniendo en cuenta que ha sido designada y no elegida por nadie, parece razonable exigir su dimisión. A la vista de lo ocurrido, tendría que ser el propio Gobierno quien la cesara.
En cuanto al partidismo y la politización que denunciaba la delegada, es tan evidente como condenable que el Gobierno canario lo utilizó profusamente en los incendios. El reproche más extendido fue la demora en enviar hidroaviones y la no existencia en las Islas de una base permanente de los mismos. Pero el ministro de Medio Ambiente ha destacado la tardanza de las autoridades canarias en solicitar la ayuda. Ha dicho que, con retraso respecto a la evolución del fuego, se pidieron dos hidroaviones, después un tercero y posteriormente un cuarto, que despegó diez minutos después. También ha señalado la anticipación de su Ministerio en proporcionar la ayuda, dado que envió un quinto hidroavión sin que el Gobierno canario lo hubiese pedido todavía. El ministro ha añadido que el Gobierno isleño debe evaluar si los medios y los recursos que destina a la lucha contra el fuego son suficientes. A diferencia de Canarias, otras comunidades poseen hidroaviones propios, y contratan y financian directamente sus medios aéreos de lucha contra el fuego. El Estado solo dispone de un número limitado de estas aeronaves, y es obvio que tiene que utilizarlas no solo en Canarias, sino en toda España, en donde llegaron a producirse 19 incendios forestales simultáneos. La cuestión fundamental, que el Gobierno canario ha ocultado cuidadosamente, es que la responsabilidad de la extinción de incendios forestales igual que las competencias sobre la gestión de parques nacionales son suyas. Es decir, que en este tema el Estado desempeña un papel exclusivamente complementario de ayuda y colaboración. ¿Por qué no mantiene el Gobierno canario sus propios hidroaviones, como hacen otras comunidades?
Lo más condenable y preocupante de la politización y el uso partidista de los incendios fue la aceptación de que Marruecos enviara dos hidroaviones, que operaron en La Gomera, una aceptación que se enmarca dentro de las excelentes relaciones que Paulino Rivero sostiene con el monarca magrebí. Eso es literalmente jugar con fuego en un asunto de sensibilidad máxima. Si se pretendía dar una lección a Madrid, los nacionalistas canarios tendrán que reconocer que la lección la impartió Mohamed VI a menos de cien kilómetros de nuestras costas. Es verdad que un nacionalismo que reconociera que el Gobierno central no nos perjudica y nos trata igual que a otros territorios españoles; un nacionalismo que abandonara el victimismo y la reivindicación incesantes, que renunciara a la estrategia pedigüeña que nunca queda satisfecha y nunca se aplaca, dejaría de ser nacionalismo. Pero todo tiene un límite, incluso el nacionalismo.
El viejo y entrañable mensaje institucional nos recordaba que cuando el monte se quema algo nuestro se quema. Y si todos, ciudadanos y gobernantes, continuamos sin tomamos en serio esa evidencia, el monte se seguirá quemando, y, junto a sus árboles calcinados, se quemará nuestro futuro.