DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife
No todo es orégano en el monte de la ultraperiferia de la Unión Europea. La pertenencia a ese selecto club de desvalidos constituye el reconocimiento de una desventaja de naturaleza social y económica con las demás regiones. Pero el carné de socio no es gratuito: exige el pago de una cuota de compromiso con los principios inspiradores de la UE, cuyo incumplimiento se penaliza con un mayor distanciamiento de los centro de decisión.
Las políticas compensatorias han servido para paliar las dificultades que soportan estos ocho territorios apartados del continente, fragmentados, desestructurados y excesivamente dependientes del exterior. Sin embargo, un exceso de mimo podría ser tan malo como la falta de amor.
La controversia en torno a la Red Transeuropea de Transporte conduce a una reflexión sobre la desconexión de Canarias respecto de determinados proyectos comunes, lo cual implica a su vez a un dilema: integración o subvención. De paso, habría que preguntarse qué interesa más: aproximarse a Bruselas o compartir distancia con Guadalupe, Guayana francesa, Martinica, San Martín y Reunión.
Desde catorce años antes del ingreso de España en la Comunidad Europea (el 1 de enero del año 1986, junto a Portugal), al archipiélago canario se le dotó de un instrumento que le ha reportado enormes beneficios. La reforma del Régimen Económico y Fiscal REF) para el periodo 2014-2020 se presenta como un gran reto: consolidar las singularidades mediante un anclaje institucional que se antoja difícil en su formulación y complejo en su aplicación. Por delante se encuentra la ingente tarea de discriminar lo que son unos derechos adquiridos de las ayudas de Estado propiamente dichas.
El tiempo dirá si la timidez con la que Canarias abrazó el europeísmo ha evolucionado hacia la madurez o si, por el contrario, prevalecen los complejos. Los inicios fueron temerosos. Había miedo a perder la excepcionalidad en muchos aspectos de la economía. En los comienzos, las Islas estaban con un pie dentro y otro fuera. El acta de adhesión incorporó un protocolo (el 2) por el que se excluía a Canarias, Ceuta y Melilla de la unión aduanera, de las políticas agrarias, de pesca y comerciales comunes, así como del ámbito fiscal. En la práctica se vio que esa estrategia era un error de cálculo, de manera que el Parlamento autonómico resolvió en 1989 solicitar la plena implicación de Canarias. Así sucedió en 1991, cuando se activó el Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad de las Islas Canarias (Poseican); similar a los que se aprobaron para Azores y Madeira, por un lado, y para los departamentos franceses de ultramar. Se habían esparcido las semillas del estatus jurídico de las Regiones Ultraperiféricas (RUP), que consagró el Tratado de Ámsterdam (año 1999) en su artículo 299.2: “Teniendo en cuenta la situación estructural social y económica de los departamentos franceses de Ultramar, las Azores, Madeira y las islas Canarias, caracterizada por su gran lejanía, insularidad, reducida superficie, relieve y clima adversos y dependencia económica de un reducido número de productos, factores cuya persistencia y combinación perjudican gravemente a su desarrollo, el Consejo, por mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, adoptará medidas específicas orientadas, en particular, a fijar las condiciones para la aplicación del presente Tratado en esas regiones, incluidas las políticas comunes”.
Un grupo interservicios coordina “una asociación activa y una acción concertada entre la Comisión, el Parlamento, los estados miembros y las RUP”, se lee en un documento oficial.
Cada dos años, desde 2010, se organiza en Bruselas un foro de las RUP y la Conferencia de Presidentes se celebra anualmente en una de las regiones, con la participación de la Comisión y del Parlamento Europeo. La canciller de Alemania, Angela Merkel, se ha empeñado en que la unificación de Europa sea efectiva a la máxima brevedad posible. Su afán es que haya un nuevo Tratado de la UE a más tardar en el primer trimestre de 2013. Surge la duda de si peligra el trato específico para las RUP. Fuentes del Gobierno canario dicen que no. Su presidente, Paulino Rivero, avisa: “La respuesta la Unión Europea a las regiones ultraperiféricas [para el periodo presupuestario de 2014 a 2020] es claramente insuficiente ante el alarmante, brutal e inadmisible nivel de desempleo”. Ahí queda eso.
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El club de las ocho
Dos archipiélagos (Azores y Canarias), dos grupos de islas (Madeira y Guadalupe), tres islas aparte (Reunión, Martinica y San Martín) y un enclave continental (la Guayana francesa) forman las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. Guardan en común que son “territorios muy alejados del continente, que tienen particularidades socioeconómicas muy específicas y extraordinarias condiciones naturales”.
Situadas en los océanos Atlántico e Índico, en el mar Caribe y en la jungla amazónica, las regiones ultraperiféricas son “ideales para la investigación y la experimentación en diversos campos, tales como el desarrollo de energías renovables, la astrofísica o la mitigación de los efectos del cambio climático”. Su excepcional biodiversidad y ecosistemas marinos aportan una oportunidad exquisita para la innovación. A ello se añade su privilegiada posición en el mapa.
Los veintiún países y territorios de ultramar (PTU), de Dinamarca, Francia, Países Bajos y Reino Unido, no forman parte de la UE.
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