VICENTE PÉREZ | Vilaflor
El grupo municipal de Sí se puede en Vilaflor acusó ayer al gobierno local (PSOE) de retrasar “ocho meses” la aprobación inicial del Plan General de Ordenación (PGO) para no ejecutar la sentencia, ya firme, contraria a la urbanización de adosados de La Escalona, por lo que este partido solicitará un pleno extraordinario sobre este asunto.
Así lo manifestó ayer el portavoz de Sí se puede, el exalcalde José Luis Fumero, quien lamentó, además, que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) haya denegado a su grupo municipal responder por qué no se ha cumplido esa sentencia, al entender que “no es parte interesada” en el proceso.
José Luis Fumero recordó que ya en mayo se celebró un pleno monográfico, sin debate porque el alcalde dijo que esa convocatoria “estaba vacía de contenido”, por lo que espera que ahora sí dé explicaciones, pues, a su juicio, el mandatario quiere “tapar con una cosa (no ejecutar el fallo) con la otra (retrasar el PGO)”. Un plan en cuya elaboración, según Sí se puede, ya se ha gastado medio millón de euros, al menos 150.000 de ellos del Consistorio.
Por su parte, el alcalde, Manuel Fumero (PSOE) afirmó ayer que el gobierno local “no esconde nada ni está retrasando el PGO”, sino a la espera de disponer de los informes del jurista y del interventor municipales sobre el nuevo texto con las correcciones pedidas por la Cotmac. Dictámenes, dijo, que se han demorado por las vacaciones de agosto, pero que, una vez estén listos, convocará la comisión y el pleno, para a renglón seguido sacar el plan a exposición pública. El mandatario sostuvo que la sentencia no obliga a demoler, y confirmó que en el PGO se le aplicará a la parcela afectada “ la misma normativa” que con las Normas Subsidiarias vigentes cuando se concedió la licencia, y en las que, según subrayó “era ya suelo urbano consolidado por decisión del propio José Luis Fumero cuando era alcalde”. Asimismo, señaló que la sentencia se ejecutará “según digan los juristas” y negó intereses ocultos, “pues, si la edificación no se ajusta a la licencia, no es culpa mía sino del promotor”.
En la sentencia, dictada a raíz de un recurso de ATAN, el TSJC advierte tres ilegalidades: más altura de la permitida por la ocupación de las cubiertas (43% frente al 25% legal), no se respetan retranqueos y parte de la parcela es suelo rústico, “por lo que resultaba preceptivo la calificación territorial [del Cabildo], sin la cual son nulas de pleno derecho las licencias urbanísticas”. Sin embargo, el alcalde insiste en que la urbanización no está en suelo rústico, sino que “sólo” cinco centímetros de volado de los balcones traseros están sobre terrenos con esta calificación. Además, destacó que la parcela tenía inicialmente 150 viviendas, y que ya con él como regidor, se redujo la cifra a 78, además de lograrse un calle más ancha. “Y ahora él se presenta como adalid del ecologismo”, enfatizó el alcalde en referencia a su antecesor.
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“Inconstitucional”
El portavoz de Sí se puede opina que la negativa del TSJC a responder al escrito de los tres concejales de este partido “roza la anticonstitucionalidad” por lo que volverá a pedir esta información ante esa instancia judicial ya que, desde su punto de vista, “ahí el Juzgado ha patinado porque somos un grupo municipal y ¡cómo no vamos a tener derecho a saber de un procedimiento que afecta al Ayuntamiento y al interés público!”.
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