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Un exdirectivo de la CAM pudo obtener 4 millones de forma fraudulenta en créditos

EUROPA PRESS | Madrid

La querella presentada contra el expresidente de la Comisión de Control de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Juan Ramón Avilés -imputado por administración desleal o apropiación indebida- asegura que la entidad le concedió en 2009 “de forma fraudulenta” cinco líneas de crédito públicas del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (ICREF) por un importe de casi cuatro millones de euros.

La querella, formalizada por los gestores de la CAM, que fue intervenida por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), acusa a Avilés de “gestión desleal” e indica que aprovechó su posición de “máxima relevancia para obtener la financiación para su intento de participar en las rápidas, especulativas y desproporcionadas ganancias que el fenómeno de la llamada burbuja inmobiliaria generó durante años”.

Según se desprende de la querella que ha sido admitida a trámite por el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, en la caja se cometió, bajo la gestión de Avilés, “un grosero incumplimiento de las condiciones básicas establecidas por los respectivos organismos”.

Así, la CAM concedió estos préstamos “sin una mínima comprobación de viabilidad y garantías, por un lado, y vulnerando de modo grosero, en todos los casos, las condiciones de concesión, por otro, en cuanto al objeto y a la aplicación de estos préstamos”, defiende el escrito.

La querella asegura que el dinero obtenido a través del ICO y el ICREF fue empleado para refinanciar las actividades de promoción inmobiliaria del grupo de sociedades vinculadas a Avilés, en lugar de las aplicaciones (de inversión o para circulante) previstas en la normativa aplicable.

Cuatro millones en créditos fraudulentos

A través de CAM, Avilés obtuvo para tres de sus empresas (La Vereda de Sucina, Residencial Sucina y Roig Coll) en el año 2009 cuatro préstamos

ICO por un importe total de 2,16 millones de euros. Los préstamos referidos se encuentran según informe pericial “vencidos y en situación irregular por impago por un importe de 1’533’794 euros”.

El expresidente de la Comisión de Control de la entidad obtuvo, además, un préstamo ICREF por un importe de 1’869’479 €30, lo que eleva a casi cuatro millones de euros el importe total de las líneas de crédito recibidas de forma fraudulenta.

El abogado Carlos Gómez-Jara explica que la concesión de los créditos “carecía de toda regularidad” y menciona la existencia de diversos correos electrónicos que demuestran que no se dieron los trámites habituales para su adjudicación si no que Avilés “pidió y obtuvo, más que un crédito, dinero sin más, a título de ser vos quien sois”.

Así, uno de los mails –firmado en este caso por los entonces responsables de Riesgo Inmobiliario y de Riesgo Crediticio– apunta a que la CAM no pudo obtener documentos que acreditaran el coste de la inversión a financiar mediante préstamos, a pesar de lo cual el crédito se concedió.

La entidad defiende que la concesión de los créditos no sólo adolece de racionalidad económica sino que infringió también las normas jurídico-públicas ya que los fondos fueron destinados de modo manifiesto a finalidades ajenas a las finalidades de los préstamos ICO.

“En lugar de destinarse a obtener liquidez (ICO-liquidez) o a la adquisición de equipamientos fijos para el turismo (ICO-Renove Turismo), se emplearon para financiar la actividad promotora en la que el grupo de empresas estaba embarcado, además de que tanto la sociedad Roig Coll como la Residencial Sucina no cumplían con las condiciones de solvencia necesarias para la concesión”, dice la querella.

Otras acusaciones

El querellante acusa además a Avilés de obtener otros 17 millones de euros a través de créditos irregulares de la entidad. El exresponsable de Control consiguió un préstamo hipotecario para la sociedad Residencial Sucina por importe de 2,5 millones; tres líneas de avales, dos referidas a Residencial Sucina (900.000 euros y 1.800.000 euros), y una a La Vereda de Sucina, por 3.000.000 euros, más un aval individual, a favor de La Vereda de Sucina, por 50.000 euros; y tres préstamos promotores por importe 14.526.843 euros, 1.717.441 euros y 2.784.275 euros.

La CAM no ha recuperado ni estos 17 millones ni los cuatro obtenidos del ICO y el ICREF dado que todos los créditos presentan distintos niveles de impago debido a “la implosión del mercado inmobiliario

español, especialmente pronunciada en la costa mediterránea”. “El riesgo ha ido concretándose en perjuicios más elevados y no recuperables por la drástica pérdida de valor de los activos inmobiliarios en cuestión”, dicen los querellantes.

Indican también que Avilés impulsó el establecimiento de dietas correspondientes a un órgano de administración de la sociedad Tenedora de Inversiones y Participaciones, controlada por CAM al cien por cien, “que llegaron a cuadruplicar los importes anteriores, ocultando esas cifras a los órganos societarios a los que esta información debía transmitirse”.

La normativa interna de la CAM disponía que las dietas a percibir por la asistencia a órganos de gobierno de entidades participadas por CAM no debía superar en ningún caso a la dieta que en cada momento tuviera establecida la Asamblea de CAM para el Consejo de Administración. Las dietas debían ser comunicadas por la Comisión de Retribuciones al Consejo de Administración, e incorporarse a las cuentas anuales.

“En la Junta General Extraordinaria y Universal de esta sociedad celebrada el día 13 de marzo de 2008, se aprobó una elevación de las dietas a 80’000 € para el presidente de la Comisión de Seguimiento y Control en TI, infringiendo así palmariamente las normas antes referidas, reportando sólo 32.800 euros respecto del ejercicio 2009, cuando percibió, en realidad, 127.200 euros”, dice el escrito.