ROMÁN DELGADO | Santa Cruz de Tenerife
Los problemas en la compañía aérea interinsular Islas Airways no cesan. A las dificultades ya conocidas, derivadas de un supuesto fraude en concepto de ayudas al transporte para residentes canarios que investiga el Ministerio de Fomento y que incluso está en manos de la Fiscalía (lo que ha supuesto el bloqueo de millones de euros en ayudas que la empresa liderada por Miguel Concepción tenía previsto recibir), hace poco se unió la salida de Islas de la central de ventas Amadeus, por supuestos impagos a esta plataforma, a la vez que las dificultades ocasionadas por el expediente de regulación de empleo (ERE) que presentó la aerolínea, el mismo que llevó a la calle a 33 trabajadores (aún sin compensar: con sueldos atrasados -se les deben nueve días- y sin pagarles la indemnización de 20 días por año trabajado).
Por si esto fuera poco, ayer mismo, según fuentes del colectivo de pilotos de esta compañía, los profesionales han amenazado con ir a la huelga si el empresario Miguel Concepción se mantiene en sus trece y sigue adelante con el previsto recorte del 20% en sus sueldos. Los pilotos se oponen a la disminución de sus emolumentos y, tras mantener una cita negociadora con Concepción, han dejado bien claro que, si hay recortes en sus nóminas, defenderán sus derechos a través de la convocatoria de una huelga. Además, los pilotos, igual que otros empleados de la compañía, han pedido con insistencia que se les abone las dos mensualidades que aún no ha pagado la aerolínea Islas.
Según las mismas fuentes, el principal responsable de Islas, Miguel Concepción, se ha plantado en la idea de la empresa de rebajar el 20% los sueldos, lo que afecta a 190 trabajadores, y su postura actual con los pilotos se puede simplificar en un “o eso o nada”, como se dijo ayer a este periódico.
Otro de los frentes abiertos en Islas es la liquidación de las 33 personas despedidas por el ERE, grupo que aún no ha cobrado todos los sueldos pendientes (les falta el abono de nueve días de salario) y que además espera por el pago de la indemnización de 20 días por año trabajado. Los sindicatos ya han denunciado esta situación ante instancias judiciales.