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Jueces y fiscales exigen al Ejecutivo negociar y amagan con la huelga

PALACIO DE JUSTICIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife. | SERGIO MÉNDEZ

TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

O se habla o paran. La práctica totalidad de Juntas de jueces y magistrados celebradas por toda España -incluidas las de Canarias- secundaron ayer los acuerdos alcanzados el pasado día 17 por los representantes de sus asociaciones mayoritarias junto a las de los fiscales y anuncian una serie de medidas que tienen como herramienta de presión final su derecho a la huelga.

Básicamente, los principales efectos de lo acordado hoy (en la provincia tinerfeña, sin ir más lejos, por unanimidad) es que limitarán su trabajo al horario establecido, lo que reduce la celebración de audiencias a los horarios de mañana y a buen seguro que provocará un mayor periodo de cadencia en la promulgación de autos, sentencias y demás decisiones judiciales.

Además, frente a lo que entienden los jueces como injerencia por parte del Poder Ejecutivo, los jueces hacen una decidida apuesta por la autorregulación, al punto de que en una nota remitida a los medios de comunicación anuncian su intención de instar “a la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales para que proceda a establecer la carga de trabajo que debe desarrollarse conforme a criterios de calidad y a las normas de salud e higiene, así como el establecimiento de un catálogo de enfermedades laborales”.

Mientras tal circunstancia se produce, pretenden igualmente “instar la convocatoria de juntas de jueces sectoriales para establecer la carga de trabajo a la que ajustar nuestra función”. Por su parte, se prevé que “los fiscales instarán a la Fiscalía General a que fije un módulo de trabajo razonable y entre tanto, ajustarán sus funciones a meros criterios de calidad y salud. Instarán, asimismo, de la Fiscalía General que fije un catálogo de enfermedades profesionales en coordinación con la comisión de riegos laborales de los jueces”.

Para coordinar las acciones de jueces y fiscales, está previsto que la comisión interasociativa se reúna al objeto de organizar una concentración conjunta que se enmarcaría entre las acciones de protesta contra las reformas anunciadas por el actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, al que demandan diálogo sobre las mismas o, en caso contrario, “seguiremos adoptando medidas de presión concretas sin descartar paros parciales y huelga”. Aunque los jueces tinerfeños no se pronuncian al respecto, otras juntas de jueces solicitan la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner.

Especificidad isleña

Como suele ocurrir dada la distinta realidad del Archipiélago frente al resto de España, los jueces canarios se distinguen del resto con una reivindicación específica, según la cual debe evitarse “la reducción de los permisos para asuntos propios prevista en la futura reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial”, que a su juicio traería como consecuencia “un grave menoscabo para la conciliación de la vida laboral y familiar de los jueces y magistrados destinados en las Islas, un 70% de los cuales tiene sus raíces fuera de las mismas, lo que desincentivaría la llegada o permanencia de jueces y magistrados a Canarias”.

A este respecto, los jueces recuerdan que “se trataría de una medida sin consecuencias presupuestarias, por cuanto las sustituciones ordinarias para cubrir dichos permisos las efectúan los compañeros sin retribución alguna”.

Cabe destacar que la Junta de jueces provincial tinerfeña, conformada por 58 jueces y magistrados -13 de los cuales lo hicieron por representación- estuvo presidida tanto por la unanimidad como por la tranquilidad.

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El documento base se aprobó el día 17

Unanimidad. Fue el día 17 cuando se reunieron para aprobar el documento que ahora secundan las distintas juntas las principales organizaciones de jueces y fiscales. Concretamente fueron la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la Asociación Foro Judicial Independiente, la Asociación Jueces para la Democracia, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

Su diagnóstico. En el documento protestan contra la ausencia de inversión en Justicia; descoordinación en la gestión de la Administración; congelación de plazas judiciales, fiscales y oposiciones; recortes salariales y estatutarios; y el control político de los órganos de gobierno judiciales.

Lo que reclaman. Jueces y fiscales exigen pleno respeto a la independencia, competencia y función del Poder Judicial, con abandono de la reforma planteada que atrofia su capacidad constitucional de actuación; el mantenimiento de un estatuto profesional que complete la singularidad de su función y en el que no se limiten ni sus funciones ni su derechos; el desarrollo de reformas legislativas que mitiguen el actual colapso judicial y compensen las dificultades presupuestarias para la modernización de la Justicia; y la convocatoria de oposiciones para aquellas plazas de juez y fiscal presupuestadas y ofertadas en anteriores procesos selectivos y que han resultado vacantes.

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