EFE | Santa Cruz de Tenerife
El consejero de Educación y vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, dijo hoy que si su departamento no hubiera amortiguado los efectos del recorte en la financiación educativa realizado por el Estado, el curso habría empezado en las islas con 4.950 profesores menos.
“Hubiera sido el hundimiento del sistema educativo”, sentenció José Miguel Pérez durante una interpelación en el pleno del Parlamento promovida por la diputada del PSOE Rita Gómez.
Esta reducción de casi 5.000 profesores en Canarias habría ocurrido si se hubieran aplicado todas las medidas dictadas por el Gobierno central para ampliar el número de alumnos por clase, incrementar de la carga lectiva de los docentes, limitar las sustituciones y reducir la oferta del bachillerato y la formación profesional, explicó Pérez.
“No lo hemos hecho, hemos aplicado la ley en lo que es obligatorio”, pero “de ninguna manera” en la disminución de 4.950 profesores, dijo el consejero.
Relató que el recorte empezó con el presupuesto del Estado de 2012, con la eliminación de partidas que afectaban a programas básicos, el fondo de cooperación educativa y la eliminación de la financiación de las infraestructuras educativas, que pasaron de 40 millones en 2011 a cero.
En el caso de las infraestructuras, la Consejería reasignó fondos propios de otras partidas, fondos del Feder y recursos del Fondo de Cooperación Interterritorial hasta reunir casi 20 millones de euros, dijo Pérez.
Se han producido recortes en Canarias en transferencias y subvenciones directas, gasto de funcionamiento de la administración y gastos de personal, lo que ha permitido “mantener la pelea por los objetivos prioritarios”, que son la lucha contra abandono escolar, la mejora de las tasas de titulación y la mejora de rendimientos educativos, agregó.
También dijo que ha habido recortes en los contratos de limpieza y de transporte, pero “siempre sin menoscabar lo que precisan los estudiantes”.
“Con el conjunto de medidas que hemos adoptados, hemos minimizado y frenado el dislate” producido por el presupuesto del Estado de 2012 y el real decreto de abril, argumentó el consejero, quien detalló que se ha mantenido la oferta de formación profesional y el servicio de comedores escolares, entre otras cuestiones.
José Miguel Pérez indicó que el Gobierno de Canarias ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el decreto de abril al estimar que invade el ámbito competencial.
En cuanto a las perspectivas para 2013, dijo que “los pronósticos no son positivos”, pero insistió en que si se siguen poniendo “obstáculos y dificultades intentaremos removerlos todos”.