¿Por qué los periodistas y los medios de comunicación de este país, con rara unanimidad, llaman “pirómanos” a los incendiarios de nuestros montes y nuestros pueblos? ¿Es simple ignorancia del idioma o existe alguna intención oculta? Según el diccionario de la Academia, y de acuerdo con su etimología, pirómano es un adjetivo que se usa también como sustantivo y que se dice del que padece una tendencia patológica a la provocación de incendios. En otras palabras, un pirómano es un enfermo víctima y dependiente de una patología mental, lo cual significa que, al emplear ese término, nuestro periodismo está disculpando o eximiendo de toda culpa a los incendiarios, porque los está considerando unos pobres locos o alienados, y no unos criminales. Lo que nos faltaba. Bonita forma de defendernos del fuego. El término correcto es “incendiario” y no “pirómano”. También según el diccionario de la Academia, la primera acepción de incendiario, un adjetivo que se usa además como sustantivo, es aquel que incendia con premeditación, por afán de lucro o por maldad. El prestigioso diccionario de María Moliner, como no podía ser de otra manera, coincide con estas acepciones, y el Código Penal no usa en ninguna ocasión el término “pirómano”. A su vez, los que incendian por imprudencia grave son igualmente incendiarios imprudentes, como los homicidas imprudentes, por ejemplo. De modo que sería deseable que nuestros informadores utilizaran más el diccionario y dejaran de prestar cobertura moral y coartadas a los incendiarios.
La democracia siempre es débil ante el delito, y más aún una democracia tan garantista de los derechos de los acusados e imputados, y tan dependiente de la voluntad de los jueces como es la española, incluso, a veces, frente a la evidencia más palmaria. La presunción de inocencia y el curso de las investigaciones no han impedido que sepamos quiénes son los acusados y de qué se les acusa, por citar un caso, en supuestos de presunta corrupción pública y privada. Es de desear que se haga lo mismo y se aplique idéntico criterio a los incendiarios de los montes de La Gomera, La Palma y Tenerife, si la Guardia Civil es capaz de encontrarlos. Aunque los presuntos culpables no comparezcan esposados ante los medios, con la complicidad de la policía, como se hacía con los acusados del PP en tiempos de Rodríguez Zapatero.
El Gobierno se plantea una reforma del Código Penal, la enésima, para incrementar las penas de los causantes de incendios forestales, por imprudencia grave o intencionadamente, unas penas que se consideran leves, aunque pueden alcanzar los veinte años si se ha generado peligro para la vida o la integridad física de las personas, como sucede en la práctica totalidad de los casos. Los Gobiernos de este país, socialistas y populares, nunca han tenido unos criterios penales claros, y en los últimos años han ido modificando la legislación penal al compás de los acontecimientos, por ejemplo en materia de terrorismo y su enaltecimiento o apología. Ya va siendo hora de que los ciudadanos les exijamos a nuestros gobernantes que tengan el coraje de asumir unos criterios penales y elaborar a partir de ellos un Código Penal que no sea preciso estar modificando o reformando cada poco tiempo, como ocurre ahora.
Sin embargo, en el contexto de una justicia tan lenta -tan mala- como la española, las eventuales reformas legislativas penales no serán demasiado significativas. Tengamos en cuenta que, después de cinco años, todavía no se ha celebrado el juicio contra el único acusado -presunto autor- de los terribles incendios del sur de Gran Canaria de esa época. En la Península hay una mayor cantidad de acusados como consecuencia de sus incendios, pero tampoco se informa de la celebración de ningún juicio, que tendría que ser por jurado, ni los medios le prestan mucha atención a este tema. ¿Alguien puede informar de cuántas personas están esperando juicio en España por este motivo, cuántas están en prisión preventiva, y cuántas han sido juzgadas y condenadas, si es que hay alguna? Porque entre los rescoldos y la ceniza de los incendios flota un sentimiento de impunidad y de indefensión de la ciudadanía, la idea de que pegar fuego al monte sale gratis en este país. Y de que algunos hasta ríen la gracia.
Jamás hemos leído un titular ni oído una noticia sobre la condena de un incendiario en España. Y mucho menos a veinte años, como permite el Código Penal. Ojalá se deba a falta de atención nuestra y no porque no haya ninguno. No obstante, sin esforzarnos nada, todos los veranos sabemos de terribles incendios, de personas muertas y quemadas, de animales abrasados, de casas destruidas y de montes calcinados. Mientras tanto, los gobernantes y los partidos parecen estar más interesados en sus particulares ajustes de cuentas que en apagar el fuego y detener a los culpables. Y si son nacionalistas, como en Canarias, en ejercer como tales y asegurar que la culpa de todo es de Madrid, faltaría más. Estamos en España y el asunto no tiene solución. Nuestros periodistas y nuestros medios continuarán llamando pirómanos a los incendiarios. Los políticos españoles seguirán siendo políticos españoles. Y algunas personas, muchas casas e infinidad de árboles que ahora están entre nosotros y que no sospechan nada serán las víctimas de los incendios del próximo verano.