EFE | Madrid

Varias ONG han firmado un manifiesto en el que acusan al Gobierno de haber violado la legislación española al desalojar a los 83 inmigrantes que permanecían en la pequeña isla de Tierra, en el archipiélago de Alhucemas, y entregar a la gendarmería marroquí a la mayoría de ellos.

Andalucía Acoge, Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Asociación Elin y la Federación SOS Racismo, que forman parte de Migreurop, han suscrito el documento en el que aseguran que no se ha respetado el procedimiento establecido en la Ley de Extranjería.

Las organizaciones han recordado en un comunicado que esta norma obliga a estudiar de forma individual si cada una de las personas inmigrantes reúne los requisitos establecidos para acceder a territorio español, “hecho que no se ha producido al resolver de forma colectiva sobre su suerte”.

Además, según han señalado estas ONG, “no se ha posibilitado que potenciales personas refugiadas puedan solicitar asilo y han sido entregados a un país que viola sistemáticamente los derechos humanos de las personas inmigrantes”.

A su juicio, las autoridades españolas “deberían haber constatado, caso por caso, que no provenían de ningún país en conflicto o donde se produzcan graves violaciones de los derechos humanos”.

“Las políticas de control de flujos migratorios y de lucha contra las mafias no se pueden imponer sobre los derechos humanos de las personas inmigrantes, las principales víctimas de esta situación”, han afirmado.

Para las ONG, el Gobierno español está obligado a respetar la Ley de Extranjería y sus compromisos internacionales con la protección de los derechos humanos y el derecho de asilo, “y no deben subordinarse nunca estos compromisos a un cálculo político de combate al ‘efecto llamada'”.

Las organizaciones firmantes han asegurado que están valorando la posibilidad de poner en conocimiento de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos el asunto.