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El alcalde presentará alegaciones al informe que cuestiona su vivienda

Pleno vivienda alcalde Candelaria
El portavoz del PP, el secretario y el edil de Urbanismo, que presidió el pleno al no estar el alcalde. / FRAN PALLERO

VICENTE PÉREZ | Candelaria

El alcalde de Candelaria, Gumersindo García, manifestó ayer que “alegará lo que corresponda” al informe del arquitecto municipal desfavorable a la solicitud de licencia de primera ocupación para la vivienda suya y de su esposa en un asentamiento rural. Una casa en la que el técnico advierte que supera la edificabilidad y la ocupación máximas permitidas de la parcela y que no se ajusta a las alineaciones. En una nota, García declara que no le han notificado aún este informe y que le “sorprende” que el PP lo haya hecho ya público.

Un asunto que ayer fue objeto de tenso debate en el pleno del Ayuntamiento, al que el alcalde no asistió pues está “fuera de la Isla por asuntos familiares”, dijo. “Soy el primero en cumplir con la normativa y he seguido los procedimientos que sigue cualquier vecino”, señaló el alcalde, quien añadió que el redactor del proyecto y director de la obra le certificó que “se ha ajustado a la licencia concedida”. Confirmó que sobre este asunto la Fiscalía ha abierto expediente en el Juzgado de Güímar por una denuncia del PP y debe “esperar a que el órgano judicial se manifieste”.

CASA VIVIENDA ALCALDE CANDELARIA
Vivienda del alcalde y su esposa, en un asentamiento rural. | FOTO FACILITADA POR EL PP DE CANDELARIA

Entretanto, ayer, en el pleno, el portavoz del PP, José Fernando Gómez, acusó al PSOE de cambiar en el PGO los criterios de tipología estética de las viviendas en asentamientos rurales para legalizar la del alcalde, de diseño moderno, mientras que el concejal de Urbanismo, Domingo Ramos, negó que el “técnico responsable” haya hecho “informes favorables o desfavorables” a la licencia de primera ocupación pedida por la esposa del alcalde. También explicó Ramos que, tras la solicitud de un vecino, se ha “aclarado” que es indicativo, y no obligatorio, el criterio de que las viviendas en núcleos rurales se adecúen a la arquitectura tradicional. Como Gómez tachó este argumento de “vendida de moto” alegando que el vecino le había dicho que aceptaba cambiar el proyecto, Ramos leyó una queja de este ciudadano, del que dio su nombre y apellidos (“José Esteban Machín Ramos”), en el que critica que el PP usara su caso en un pasado pleno para “guerras políticas”.

Ante lo cual el edil del PP dijo tener testigos de que eso no es lo que le comentó este vecino, acusó a Ramos de “intentar desviar la atención y mentir”, y leyó en voz alta el informe del arquitecto sobre la casa del alcalde, que , literalmente, concluye: “Se informa desfavorablemente la solicitud de licencia de primera ocupación”. La réplica de Ramos fue que él “también, mirando para atrás” podría sacar a relucir “una tonga de cosas ilegales”. Al final el PSOE rechazó la moción del PP, apoyada por CC y con abstención de Sí se puede, que pedía una comisión para aclarar si es legal permitir casas en áreas rurales sin estética tradicional.

INTERVENTOR Y EDIL DE HACIENDA, A LA GREÑA

El interventor del Ayuntamiento de Candelaria, Nicolás Rojo, y el concejal de Hacienda, Javier Rivero, protagonizaron en el pleno de ayer una bronca. Se trataba la liquidación de las cuentas de 2011, cuando el edil dijo que era partidario de fiscalizar a priori y no al final y se quejó de que las indicaciones le llegan tarde para mejorar la gestión contable. El interventor saltó entonces y dijo: “¿Cuántos días he ido a su despacho y no estaba? Ya está bien de tanta chulería”, a lo cual el edil repuso, muy enfadado: “Qué se cree este señor”. La disputa no fue a más porque les quitó la palabra el alcalde accidental, Domingo Ramos, quien dijo que no toleraría ese rifirafe.

Pleno vivienda alcalde Candelaria
Foto: Vicente Pérez

El ambiente venía caldeado pues Rivero expulsó al interventor de la comisión previa sobre el presupuesto municipal de 2012, aprobado ayer en el pleno -solo lo apoyó el PSOE- con el informe en contra de Rojo, por entender que se le debe aplicar la ley de estabilidad presupuestaria, en vigor desde junio, y Rivero sostiene lo contrario.