EFE | Madrid
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el anteproyecto de ley de reforma del Código Penal, que introduce algunas novedades para castigar el matrimonio forzado o los actos de hostigamiento hacia la mujer, entre otras conductas, con el objetivo de reforzar su protección y la igualdad.
Así lo ha anunciado la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que también ha dado luz verde al Estatuto de la Víctima, que recogerá un amplio catálogo de derechos de las víctimas de delitos.
El anteproyecto de reforma del Código Penal, que introduce medidas como la prisión permanente revisable y la custodia de seguridad, castigará también la difusión no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas obtenidas con consentimiento de la víctima pero sin autorización para su difusión, tal y como pasó con el caso del vídeo de la concejal de Los Yébenes, Olvido Hormigos.
Este supuesto, ha detallado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, será castigado con hasta un año de prisión.
“Se trata de atajar cualquier tipo de conductas que supongan violencia para la mujer y acabar con la desprotección”, ha señalado el ministro que ha indicado que el matrimonio forzado será condenado con hasta tres años de prisión siempre y cuando se produzca con violencia e intimidación.
Otras de las novedades presentadas por Gallardón afectan al acoso a las mujeres a través del uso indebido de datos para atentar contra su libertad o patrimonio que será castigado con hasta dos años de cárcel, al tiempo que se sancionará con hasta doce mese de multa la vulneración de dispositivos electrónicos impuestos para proteger a las víctimas de violencia machista.
Por otra parte, el ministro de Justicia ha anunciado que la reforma del Código Penal tipificará la incitación al odio o la violencia por raza, religión u origen, así como el negacionismo de crímenes de genocidio, específicamente el Holocausto, si se hace alentando actos violentos.
Gallardón, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha destacado que estas medidas se enmarcan en el compromiso del Gobierno en la lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación ideológica.
La nueva regulación de estos delitos se hará de acuerdo a la doctrina constitucional y contemplará también castigos para los actos y conductas que lesionen la dignidad de las personas a través de la humillación o el desprecio, además de tener en cuenta el odio ideológico como motivo para perseguir estos delitos.
Así lo ha avanzado el ministro, que ha señalado que con estas medidas el Gobierno va más lejos incluso de la doctrina del Tribunal Constitucional en esa lucha contra el racismo y la xenofobia.
En concreto, la reforma del Código Penal, que también incluirá por primera vez en la legislación española la prisión permanente revisable y la custodia de seguridad, tipificará la incitación al odio y la violencia contra grupos determinados por raza, religión ascendencia u origen nacional o ético incluyendo la divulgación de escritos o imágenes.
Asimismo, se pretende tipificar la apología, trivialización flagrante o negación de crímenes de genocidio, contra la humanidad o de guerra como forma de incitación al odio y la violencia, y en este capítulo se castigará específicamente los actos de negación del Holocausto, siempre que vayan acompañados de incitación al odio o la violencia.