Las comparecencias de los altos cargos celebradas esta semana en el Congreso de los Diputados, en las que han tratado de justificar sus cuentas para el próximo año, han servido para constatar la ceguera y su desconocimiento con respecto a la realidad canaria. Muchos han sido los desatinos que hemos escuchado en la Cámara Baja en el desfile de altos cargos, pero el más desafortunado fue el protagonizado por la secretaria general de Transportes, que ha abierto todas las puertas a los ajustes y limitaciones en la subvención al transporte que nos corresponde.

Las bonificaciones aplicables sobre las tarifas de los servicios aéreos y marítimos regulares de transporte aéreo para los residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias han sido y son un elemento fundamental de cohesión territorial, económica y social de Canarias. Sin embargo, el Ministerio de Fomento usa una doble vara de medir a la hora de priorizar la vertebración territorial en la Península y en las Islas.
Obvia deliberadamente el Gobierno que para Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla la garantía de la accesibilidad la da el transporte aéreo y marítimo. Una accesibilidad que pasa necesariamente por una oferta adecuada de frecuencias y rutas y unos precios razonables para los usuarios. Cuestionar la validez de esta política es entender España como un territorio continuo.

En los últimos meses, el Gobierno del Estado ha puesto en cuestión la honorabilidad de los canarios en su afán por luchar contra el fraude (cuestión en la que siempre nos tendrá a su lado) aplicando métodos de vigilancia y control humillantes y culpando a aquellos que viajan más de 30 veces al año sin tener en cuenta que muchos lo hacen obligados por motivos sanitarios, educativos, laborales, deportivos, etcétera.

Si la culpabilidad pasa por vivir en un archipiélago, los canarios y baleares somos culpables y el Gobierno nos amputa derechos y recursos, mientras sigue inmerso en inversiones millonarias en nuevas líneas de alta velocidad, especialmente las que llegarán a Galicia y que el Ejecutivo ha respetado en las cuentas para 2013 motivado por intereses partidistas y electorales. ¿Ha contado el Gobierno a los usuarios del AVE que van desde Madrid a Segovia por tan sólo 9 euros o al número de usuarios que pasan por cualquier estación de cercanías de Madrid para ir al medico o ir trabajar? Nuestro tren de cercanías es el avión, pero Fomento culpa a unos y exime a otros con argumentos injustificables en su vorágine arbitraria de ajustes presupuestarios.

El déficit generado por el AVE lo pagamos todos, como pagamos también los 10.000 millones que ha gastado este año en las adjudicaciones de los tramos de alta velocidad a Galicia. Sin embargo, el Gobierno del Estado se ceba con la bonificación para los residentes, pese a que nosotros abonamos ocho veces más que un peninsular por el uso del transporte.

Desde Coalición Canaria rechazamos la disminución de la intensidad del descuento que nos corresponde y enmendaremos el texto articulado en los Presupuestos del Estado en el que se deja en manos de una orden ministerial la fijación de tarifas máximas bonificables. En primer lugar, porque en las rutas interinsulares ya se fijan las tarifas máximas por orden ministerial y, en segundo lugar, porque el establecimiento de las tarifas máximas bonificables en un mercado donde conviven compañías tradicionales y low cost podría llevar a la desaparición de las primeras y dejar la garantía de accesibilidad de canarios y baleares en manos de los caprichos de las aerolíneas de bajo coste. Tan grave como la bonificación es el hecho de que en sólo dos años el Gobierno haya recortado más de un 55% la partida correspondiente a la subvención del transporte de mercancías entre las Islas y en los trayectos con la Península, obviando que estas compensaciones no son arbitrarias ni gratuitas sino que están autorizadas por la Comisión Europea, que reconoce el derecho a recibir esta ayuda por parte de las empresas industriales, agroindustriales y agrícolas canarias y que las mismas puedan competir en igualdad de condiciones a las que existen en la Península.

Con este nuevo ajuste, el Gobierno genera más desesperanza a los exportadores e importadores agrarios e industriales canarios y mermará su competitividad, su actividad económica y provocará el despido de muchos trabajadores. Otro efecto será el aumento del coste de la cesta de la compra en Canarias. Un incremento que sufriremos todos.

Y a todo ello se agrega la reducción en cinco millones de euros del convenio para las guaguas en Canarias. Las empresas que prestan este servicio están atravesando un momento muy delicado ya que la confluencia del incremento de los costes de explotación con la disminución del número de viajeros implica que las actuales aportaciones públicas son insuficientes para el sostenimiento del actual sistema de transporte público en Canarias.

La reducción presupuestaria en un 16,67% para 2013 significa que los ciudadanos de una región ultraperiférica donde el transporte en guagua es la única alternativa y la tasa de desempleo es la segunda mayor de España, tendrán menos capacidad de desarrollo socioeconómico dado que el transporte es la correa de transmisión del resto de actividades productivas. Pero lo que más llama la atención es que frente a este recorte se mantiene e, incluso, se aumentan los fondos para Madrid y Cataluña en un 2%. ¿Ceguera? ¿Desconocimiento? ¿Intencionalidad? Las preguntas no han sido respondidas esta semana ni por los altos cargos que han comparecido esta semana en el Congreso ni por los diputados y senadores canarios del Partido Popular.

*Diputada en el Congreso de Coalición Canaria