De un tiempo a esta parte, la Administración central parece empeñada en perjudicar a Canarias, por falta de tacto, por desconocimiento de la realidad de las Islas o por ambas cosas a la vez, lo cual evidencia una ceguera política injusta y nociva. Lo único que prefiero no considerar es que las medidas se adoptan porque no gusta el color del Ejecutivo autonómico y alguien desea darle un escarmiento o forzar un cambio de socio. Esta razón sería absolutamente inaceptable, ya que la suma de voluntades políticas lleva a salidas legítimas y democráticas como el actual pacto de Gobierno. En todo caso, ¿por qué han de pagar todos los canarios por algo que pudiera no gustar al partido que ostenta la mayoría absoluta en el conjunto de España? El caso es que se suceden los despropósitos dispuestos, o a punto de serlo, desde Madrid, como la práctica desaparición de ayudas para desalación de agua y de subvenciones para que los deportistas que participan en competiciones nacionales puedan seguir viajando a la Península, la drástica reducción de inversiones estatales en obras públicas imprescindibles y la limitación de las tarifas aéreas con derecho a subvenir, tras la gracieta de obligar a exhibir los certificados de residencia a modo de pureza de origen, por si a alguien se le ocurre defraudar. Es decir, se generaliza la sospecha cuando existen procedimientos para, en la era de la informática, detectar posibles abusos o irregularidades en el cobro de subvenciones por parte de los viajeros entre islas y con la Península y las islas Baleares. La mismísima secretaria general de Transporte insistía ayer en poner un límite a las tarifas aéreas con derecho a subvención, aunque se mantenga el 50% del precio total del billete. Y todo porque, según esta señora, existen sospechas de fraude y algunos viajeros presentan precios de billetes de 550 o 600 euros cuando las tarifas medias oscilan entre 70 y 120 euros para viajar a la Península desde aquí o desde Baleares. ¿No sería más fácil controlar a los viajeros que dicen abonar tales precios, comprobar el porqué de los mismos y, de advertir engaño, sancionar y dar cuenta de la estafa a la autoridad judicial, en vez de poner tope a las ayudas y perjudicar a quienes cumplen la ley? Hay que ser muy ignorante para desconocer que las tarifas aéreas dependen de promociones, paquetes integrados, fecha de compra del billete y otras variables consustanciales al mundo de la aviación. No se trata de un todo único e invariable, como entiende erróneamente, en su política obstinada e insensible, el Ministerio de Fomento. Lo mismito que hacen otros ministerios.