VICENTE PÉREZ | Candelaria
Contrariadas están las nueve familias de Cho Vito a las que aún no se les ha demolido sus casas. El desconcierto entre estos vecinos crece porque, por un lado, el Ministerio de Medio Ambiente les ha dado cinco días o, en su lugar, un plazo máximo hasta el 12 de noviembre, para desalojar sus viviendas, como se les ha notificado por escrito en los últimos días, y por otro, la delegada del Gobierno central en Canarias, Carmen Hernández Bento, les llamó ayer para tranquilizarles con que no habrá derribos sin que todas las familias estén realojadas, según manifestó ayer el portavoz de los afectados, Tomás González.
“Sólo tenemos esta garantía verbal de la delegada frente a la notificación oficial de desalojo”, añadió el representante de estos vecinos, a quienes ha sorprendido que el el escrito, con fecha de 11 de octubre, salió de la Dirección General de Costas el 16, justo al día siguiente de la reunión mantenida en la Delegación del Gobierno con asistencia de la propia subdelegada; el alcalde de Candelaria, Gumersindo García, y el viceconsejero de Política Territorial del Gobierno canario, Mario Pérez, con el fin de buscar una solución para el realojo de estos ciudadanos, cuya única casa es la que se pretende demoler.
El derribo del poblado, que comenzó en octubre de 2008, se justifica para construir un paseo marítimo, en obras, y recuperar el dominio público marítimo terrestre, con el amparo de una sentencia judicial ya firme, aunque los afectados esgrimen ahora nuevos documentos con los que quisieran reabrir el caso, como certificación del entonces ingeniero jefe de la Demarcación de Costas fechados en 2000, según la cual el deslinde que se aprobaría en 2001 coincidiría con el de 1969, lo que supuestamente hubiera dejado a salvo al poblado. Sin embargo, para el Ayuntamiento consta que ya 1979 la Jefatura de Costas advirtió de obras ilegales en dominio público en Cho Vito y se abrieron entonces los correspondientes expedientes sancionadores.
Así las cosas, lo cierto es que en Cho Vito la notificación del Ministerio ha caído como un jarro de agua fría, y la explicación que aseguran les ha dado Hernández Bento es que el expediente de derribo debe seguir su trámites pues se acaba la última prórroga dada por el Juzgado para ejecutar la sentencia.
“La delegada me llamó y me ha garantizado, de palabra, que mientras no haya alguna solución para el realojo, no va a entrar una pala aquí, y que van a buscar resquicios jurídicos para pedir otra prórroga”, declaró el portavoz de Cho Vito, cuya vivienda obstaculiza la terminación del paseo. La Delegación del Gobierno, consultada ayer al respecto, no realizó declaraciones sobre este asunto.
Estos vecinos también critican que la Policía Local les entregara el escrito del Ministerio, “algo que no está entre sus funciones, y es lamentable que el Ayuntamiento se preste a ese trabajo sucio”, acusación a la que el go-bierno local declinó responder.
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Obras en la playa de Punta Larga, para reparar daños
La Dirección General de Costas reparará los daños del temporal de febrero pasado en los accesos y equipamientos de la playa de Punta Larga, que forma parte del gran proyecto previsto para la zona con un coste de 20 millones, ahora en el aire por la crisis. Las obras de estos arreglos durarán 2 meses y consistirán en colocar bloques de hormigón de 15 toneladas a pie de talud, en los dique norte y sur; reparar el talud de la escollera con materiales de 6 toneladas en la parte norte de las dos escolleras y ampliar ésta ha-cia el interior con una escollera de 4 toneladas en la zona seca. Además, se retirarán las escalinatas exteriores del dique norte y una del sur, manteniendo las del lado sur al estar abrigadas por la isla existente, medida que se toma por seguridad ante las em-bestidas del mar, según expli-có el edil de Infraestructuras, Domingo Ramos, en una nota.
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