EFE | Santa Cruz de Tenerife

El Consejo de Gobierno de Canarias estudia hoy la “ardua” tarea de acomodar los recortes presupuestarios para 2013 sin que se resientan los servicios públicos esenciales, sin que se produzcan despidos en la administración autonómica y sin que haya subidas de impuestos.

El portavoz del Gobierno, Martín Marrero, indicó que el ejecutivo aún no ha conseguido cerrar el proyecto de ley de presupuestos autonómicos, pero subrayó que se cumplirá con el calendario y se remitirán al Parlamento dentro del plazo legal, que concluye el 31 de octubre.

Marrero no aportó novedades sobre las cifras de los próximos presupuestos ni aclaró las previsiones de macroeconómicas sobre las que se sustentan, pero insistió en que es voluntad del ejecutivo garantizar la sanidad, la educación y las políticas sociales, si bien la participación de estos servicios esenciales en el conjunto de las cuentas no variará sustancialmente.

No obstante, la participación de estos servicios esenciales en el conjunto de las cuentas -en torno al 70 por ciento del total- no variará sustancialmente, anunció.

Eso supondría una rebaja del presupuesto de los servicios públicos similar al conjunto del presupuesto, porque “es complicadísimo que no haya disminuciones”, pero se intentará amortiguar el impacto de los recortes del Estado.

Pese a estas reducciones presupuestarias, el Gobierno de Canarias conserva “su intención y convicción” de mantener el empleo público, no sólo para preservar puestos de trabajo directos, sino porque los servicios públicos y administrativos “son esenciales para la cohesión social y económica”, dijo el portavoz.

Marrero anunció que de momento “no hay sobre la mesa” nuevas subidas de impuestos en el presupuesto canario para 2013, aunque matizó que el proyecto de ley “no está cerrado”.

Al recorte de las aportaciones del Estado, prosiguió, hay que añadir la reducción de la capacidad de endeudamiento en 320 millones de euros para 2013 para cumplir el objetivo de déficit público.

En su escenario presupuestario, el Gobierno no ha evaluado la incidencia que tendría en las cuentas canarias un rescate del Estado por la Unión Europea, porque no es posible cuantificarlo, aunque Marrero consideró que no supondría “nada bueno” porque la economía española sería intervenida y habría más recortes.

El portavoz consideró que los recortes del Estado están creando un malestar creciente en la sociedad canaria y dijo que “cuantas más instituciones y sectores económicos y sociales se rebelen, más posibilidades habrá” de que el Gobierno central escuche.

Martín Marrero reiteró que el sistema de financiación autonómica supone para Canarias 800 millones de euros menos que la media de comunidades, de manera que el déficit de financiación de las políticas sociales es de 1.400 millones.

En cuanto a los recortes del presupuesto del Estado, subrayó que las inversiones estatales han caído a la mitad en dos años, al pasar de 707 millones en 2011 a 361 millones previstos para 2013, lo que supone 58 euros por habitante por debajo de la media.

El plan integral de empleo pasa de 42 millones en 2012 a 10 en 2013, el convenio de carreteras sólo mantiene 54 de los 207 millones comprometidos y la financiación de la política de viviendas bajan de 9,8 millones a 1,6 millones, detalló el portavoz.

También dijo que la subvención al transporte de mercancías y viajeros baja un 17 por ciento, la desalación de agua no tiene partida presupuestaria de momento y las ayudas a los desplazamientos de deportistas, que eran 1,5 millones de euros, desaparecen, al igual que los 600.000 euros para cultura.

“Todo esto dibuja un panorama complicadísimo, porque tenemos la firme determinación de garantizar los servicios públicos esenciales”, dijo Marrero, quien subrayó que en los últimos cuatro años la Comunidad Autónoma ha ahorrado ya 3.000 millones de euros y ha reducido en un 56 por ciento las aportaciones al sector público empresarial, de 340 a 149 millones.

Martín Marrero aprovechó la rueda de prensa para felicitar en nombre del Gobierno de Canarias a los ganadores de las elecciones autonómicas en Galicia y en el País Vasco, y señaló que las opiniones sobre los resultados corresponden en todo caso a los partidos políticos.