EFE | Madrid

El Ministerio del Interior no se plantea modificar la ley que regula el derecho de manifestación, después de que la propuesta hecha por la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, para que se abra un debate en este sentido haya cosechado opiniones a favor y en contra.

Cifuentes abogó ayer por “modular” la ley orgánica que regula ese derecho, aunque hoy ha aclarado que lo que pretende es “abrir un debate” sobre este asunto, pero no con la intención de que se restrinja el derecho de reunión o de manifestación.

“No he hecho ni me corresponde a mí hacer ninguna propuesta en ese sentido porque yo no soy legisladora”, pero “es bueno abrir este debate” sobre la regulación de las manifestaciones, ha subrayado tras asistir a un desayuno informativo.

Fuentes del departamento que encabeza Jorge Fernández Díaz han asegurado hoy que el Ministerio no tiene sobre la mesa un cambio de esa ley ni se lo ha planteado, y han rechazado hacer más comentarios sobre la propuesta de Cifuentes.

Estas mismas fuentes se han limitado a señalar que la reforma del Código Penal ya prevé endurecer las sanciones contra los que muestren actitudes violentas en las manifestaciones, pero que en ningún momento se prevé algo sobre la convocatoria de las mismas.

Ante la propuesta de Cifuentes, el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha considerado que hay “caminos a explorar” para intentar frenar el “abuso” en el derecho de manifestación, que es lo que, a su juicio, ha propuesto la delegada del Gobierno en Madrid.

Hernando ha señalado que Cifuentes quiere “limitar el derecho al abuso”, teniendo en cuenta que en lo que va de año se han celebrado en Madrid unas 2.700 manifestaciones, “y eso incide en los derechos del resto de ciudadanos”, por ejemplo en el de libre circulación.

También se ha posicionado a favor del debate propuesto por Cifuentes el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, quien ha afirmado que “la regulación administrativa viene antes que la penal”, porque al que se le autorice una protesta y “no guarde los límites” ya sabe “que está sujeto a la legalidad”.

“Si debe regularse más de lo que está, que se haga”, ha añadido Torres-Dulce, quien ha insistido en que son los tribunales los que tienen que decidir si una manifestación está bien autorizada o no, a a la vez que ha recordado que el hecho de que la mayor parte de las protestas se celebren en Madrid es algo “inherente a la capitalidad de la nación”.

Torres-Dulce también se ha mostrado partidario de reprimir aquellas manifestaciones o protestas que hacen uso de derechos constitucionales para “socavar el Estado de Derecho” y que utilizan “el descontento social” para “deslegitimar” la democracia.

Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), su portavoz, Pablo Llanera, ha considerado “razonable” y “lógico” que la regulación del derecho a la manifestación se adapte a los nuevos tiempos, ya que la ley actual data de 1983.

Llanera se ha referido así a la idea genérica de modificar dicha ley, ya que aún no se ha puesto sobre la mesa en qué consistiría el cambio.

En sentido contrario a una posible modificación de la ley que regula el derecho a manifestarse se ha expresado el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, quien ha insistido en que los delitos contra el orden público están en la actualidad “suficientemente sancionados” en el Código Penal y “en principio, es suficiente con lo que hay”.

En la misma línea se ha pronunciado el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, quien ha abogado por aplicar la legislación actual sobre huelgas y manifestaciones porque permite conjugar el derecho de los que quieren participar en movilizaciones y los que no.

Asimismo, los portavoces de los sindicatos policiales SUP, CEP y UFP han pedido contención a la delegada del Gobierno en Madrid y han defendido el derecho constitucional de manifestación, que está perfectamente regulado en la ley y, por tanto, no se tiene que modular ni recortar.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, se ha limitado a apuntar que el derecho a manifestación es un tema de organización ciudadana o de las administraciones públicas, y no le corresponde analizarlo u opinar sobre su posible modulación.