En esta ocasión sí se han cumplido las previsiones de las encuestas y sondeos, y las elecciones autonómicas gallegas y vascas han supuesto un descalabro para el Partido Socialista, al que el electorado le ha infligido un muy serio correctivo. En Andalucía funcionó la intensa y extensa red de intereses creados en tantos y tantos años de gobierno (en Canarias sabemos algo de eso), el miedo al cambio y al final del pesebre, y así se pudo evitar que los populares hicieran realidad el triunfo que le vaticinaban tan alegremente. Pero ahora no ha sido posible. Algunos -muchos- dentro y fuera del partido se han apresurado a conjurar al fantasma de la dimisión en los aledaños del secretario general socialista, aunque Pérez Rubalcaba la ha descartado y ha manifestado en rueda de prensa su intención de continuar en el cargo, salvo en el caso de que la dirección del partido le pida que se vaya. “Si mis compañeros me dicen ‘mira Alfredo, esto no tira’, me iré” declaró después de justificarse: “No es fácil hacer alternativas”. El día anterior había dicho: “El PSOE me eligió para recuperar la confianza y voy a cumplir”. El problema es que, como siga cumpliendo igual, los socialistas van a perder algo más que la confianza.

La mayoría absoluta gallega, con el Partido Socialista entregado y los nacionalistas divididos y luchando entre sí, fue todo menos una sorpresa, y supone un importante respiro para un Rajoy obligado a apagar demasiados fuegos y combatir en demasiadas trincheras al mismo tiempo. En el País Vasco se hicieron realidad las previsiones más favorables al nacionalismo, y se ha configurado un Parlamento que refleja la profunda división de la sociedad vasca: el independentismo radical ha crecido de un cuarto hasta casi un tercio de esa sociedad; el nacionalismo católico y empresarial del PNV desciende a un poco más de otro tercio; y el tercio restante se lo reparten unos socialistas y unos populares que se aferran al clavo ardiendo de la Constitución y del Estado de las Autonomías, un asidero cada vez más débil en un territorio en el que el control de la educación -adoctrinamiento- por los nacionalistas durante años y años les está proporcionando frutos políticos y rendimientos electorales más que notables. El Partido Popular obtuvo unos pobres resultados y Antonio Basagoiti ya ha declarado que no volverá a ser candidato, aunque todavía no ha anunciado formalmente su dimisión. Patxi López no sabe no contesta.

El próximo presidente del Gobierno vasco será el líder del PNV, Iñigo Urkullu, que habrá de pactar y tiene dos posibilidades para hacerlo. La más inocua -y probable- sería repetir las viejas alianzas nacionalistas con el PSOE, bien con un pacto de legislatura o bien mediante un mero apoyo externo, siempre con la tolerancia de Bildu y la exclusión sistemática del PP. La otra posibilidad, el pacto con Bildu, implicaría una entente nacionalista, que llevaría a una fractura de la sociedad vasca aún más aguda que la actual y a una situación política de mayor radicalidad que la catalana. El precio de la desaparición de ETA se concretaría en una reivindicación independentista persistente y en un enervamiento de las relaciones con Madrid. La incógnita será si el empresariado vasco se muestra tan contrario a la independencia como el empresariado catalán.

El Govern catalán ha asegurado estos días que no hay marcha atrás en su camino hacia un Estado propio dentro de la Unión Europea. Y Artur Mas ha afirmado que la consulta de autodeterminación se debe celebrar cuanto antes mejor, aunque no ha querido establecer un plazo. Es de suponer que al margen de la Constitución y del ordenamiento jurídico español. Bravatas políticas aparte, estaría por ver si Europa aceptaría entablar conversaciones de adhesión con un Estado surgido en la ilegalidad. Los nacionalistas catalanes se han encargado de caldear el ambiente con formas y maneras artificiales y poco creíbles, hasta el punto de que una diputada de Convergència i Unió en el Parlamento europeo se ha visto obligada a dimitir después de haber pedido ayuda a Bruselas ante una supuesta invasión militar española. Al contrario, son los nacionalistas los que han hablado de utilizar a los Mossos d’Esquadra, su policía autonómica. A su vez, y en su papel de presidente del Gobierno español, Rajoy aboga por “el diálogo y la voluntad de acuerdo”. Pero, claro, desde la deslealtad de una de las partes no hay diálogo ni acuerdo posibles.

Es necesario repetir que solo una reforma constitucional en profundidad o una nueva Constitución española permitirían la operación que pretenden los independentistas catalanes. El problema del referéndum de autodeterminación con que amenaza la Generalitat no reside únicamente en su carencia de legitimación competencial para convocarlo. La cuestión principal está en que supone un intento de reforma de la Constitución al margen de los procedimientos previstos por ella para su reforma, dado que el propio objeto de la consulta, su pregunta, vulneraría frontalmente los fundamentos y los preceptos constitucionales. Esa pregunta, más que inconstitucional, sería anticonstitucional y contraria al orden constitucional. Sería como preguntar a los ciudadanos si desean el restablecimiento de la pena de muerte. En este caso, pena de muerte a la democracia española.