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La reducción de consejeros en empresas públicas y de sus retribuciones permite ahorrar casi 10 millones

EUROPA PRESS | Madrid

El sector público empresarial contará con 140 directivos menos cuando concluya este año, lo que unido a la limitación de las retribuciones de los consejeros restantes y a otras medidas de reestructuración adoptadas por el Gobierno en el marco del Plan de Reestructuración y Racionalización del sector público empresarial y fundacional elevará el ahorro conseguido a 9,7 millones de euros.

Según Hacienda, ya se han liquidado 117 puestos de consejeros en empresas públicas, si bien hasta final de año “está prevista la desaparición de 140 consejeros” tras diversos procesos de fusión o desaparición de algunas empresas, lo que generará un ahorro de 2,3 millones.

“No entendíamos el número de consejeros, en cuatro o cinco casos su número superaba al de la plantilla y era totalmente absurdo. Se ha procedido a esta racionalización de los consejos de acuerdo con una clasificación que se ha realizado a las empresas atendiendo al importe de sus inversiones, número de plantilla, etcétera”, ha precisado la subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas, Pilar Platero, en el Congreso.

Además, se han limitado las retribuciones y, hasta ahora, el ahorro logrado con esta medida y otros “ajustes de la estructura organizativa de las sociedades”, eleva el ahorro hasta los 9,7 millones de euros en este ejercicio.

“Era un proceso necesario porque veíamos que (el sector público empresarial) estaba totalmente sobredimensionado, tanto las estructuras de los directivos de las empresas, en muchos casos con retribuciones que excedían de las responsabilidades que tenían contraídas; como en el número de los consejeros”, ha reiterado.

Menos indemnizaciones

Más allá de la reducción del número de consejeros y sus salarios, el Gobierno también ha aprobado límites para las indemnizaciones contra los que, “en contra de lo esperado, ha habido muy pocos recursos” judiciales, después de dos sentencias favorables al Ejecutivo en casos ocurridos en Tragsa y Paradores, donde se alegaba que se habían “expropiado derechos existentes” de manera retroactiva.

Así, según los datos de la subsecretaria, “sólo veintisiete personas de todos los CESES han recurrido”. “Y parece ser que las sentencias nos van dando la razón. Llama la atención sobre todo una de ellas en la que señala que han quedado en evidencia cláusulas que existían en los contratos de auténtico blindaje que son indicativas de las malas prácticas que se han venido aplicando en determinadas empresas públicas”, ha apostillado Platero.

Fusiones, extinciones, desinversiones y liquidaciones

Por otra parte, el Gobierno también ha acometido un proceso de reestructuración de todo el sector público con operaciones de fusiones, extinciones, desinversiones y liquidaciones. En concreto están previstas 22 operaciones de fusión que implican la desaparición de 24 sociedades.

En concreto, el cambio de titularidad de Correos -que ha pasado a pertenecer a la SEPI– ya está “totalmente finalizado”, mientras que otras trece operaciones “se están cubriendo satisfactoriamente” y se prevé que hayan desaparecido o fusionado a final de año o durante el primer trimestre de 2013.

En otros tres casos “se ha producido un cambio en el enfoque de la operación y, en vez de fusiones o cesiones, se va a proceder directamente a la disolución de sociedades”; y también hay un caso de fusión que comenzará cuando hayan terminado otras operaciones a las que están ligadas, como es el caso de la fusión de AEC con Cofivacasa.

Asimismo, están previstas 43 operaciones de desinversión, que “van más lentas” y sólo en siete casos han dado comienzo. Por último, el proceso privatizador de Cesce será gestionada por la SEPI después de que la semana pasada esta sociedad firmara un acuerdo con Patrimonio para convertirse en su agente gestor de la privatización. “Puedo avisarles de que hay muchos interesados precisamente en esta sociedad”, ha añadido Platero.

Los ERES de RTVE cuestan dinero

La subsecretaria de Hacienda también ha indicado que los expedientes de regulación de empleo (ERE) de Radio Televisión Española están “costando dinero” a la Administración Pública.

De hecho, según sus datos el capítulo IV del presupuesto de Hacienda recoge 74 millones de euros para este fin (+1,3%), que se completan con una aportación de similar cuantía entre el capítulo VIII y las aportaciones del SEPI.

“Por tanto, no hemos procedido a la liquidación de RTVE hasta que terminemos de pagar todas estas cuantías, que son bastante significativas”, ha añadido Platero.