ROMÁN DELGADO | Santa Cruz de Tenerife

El tomate canario de exportación, un cultivo tradicional en las Islas, sigue, pese a las continuas amenazas que sufre (que son de variado tipo y provienen de todos los lados), en pie. En breve, a partir de la primera semana del mes de noviembre próximo, todavía con optimismo y mucha fuerza, se activará la nueva campaña de exportación de la fruta (como se denomina el tomate en la jerga de los productores) a Inglaterra y Holanda, que son los países en cuyos puertos principales se descarga el tomate que se cultiva y recolecta en las Islas con destino a la exportación. Esta actividad agrícola poco tiene que ver, sobre todo por cómo se configura, con las producciones de la misma hortaliza que tienen sus puntos de venta en el mercado interior de las Islas.

En la campaña de exportación 2012-2013, la que pronto tendrá su pistoletazo de salida, la Asociación de Cosecheros y Exportadores de Tomate de la provincia tinerfeña (Aceto) se plantea como objetivo “realista” poder colocar en los mercados centrales de Inglaterra y Holanda al menos 25 millones de kilos, lo que significará, si al final este propósito se logra, que los productores radicados en la isla de Tenerife (todos en la vertiente sur y con mucho más peso en la comarca oeste-noroeste, principalmente en Guía de Isora y Santiago del Teide) rebajen el volumen total de exportación tinerfeña por zafra en tres millones de kilos, siempre con respecto al periodo anterior; esto es, a los meses de exportación del ciclo 2011-2012.

Las previsiones que ha realizado Aceto, tal y como informó a este periódico el gerente de esta entidad profesional, Domingo Mendoza, se pueden lograr. Si ello se consigue al cierre de la nueva campaña, pues se podrá decir, tal y como reconoció Mendoza, que la zafra no ha sido mala.

Pero aún hay que esperar, y mucho. Y es que en la actualidad el tomate de exportación tiene demasiados frentes abiertos, más de la cuenta. Por un lado, la rebaja efectiva en el porcentaje de la ayuda o compensación al transporte del año 2011, que, a día de hoy, no se ha pagado. Y eso que los papeles, la solicitud completa de ese apoyo público, se formalizó antes del 20 de enero de 2012. Ha habido, por lo tanto, meses y meses de retraso. Pero es que no sólo cuenta la demora en el pago, sino que a ello hay que unir que la entidad que asume los costes de envío en barco recibirá bastante menos del máximo establecido como compensación, lo que implicará una rebaja en torno a los 20 puntos.

Con cargo a los envíos realizados en meses de 2011, los tomateros tinerfeños recibirán como compensación al transporte de mercancías entre el 27-30% de los gastos que entran en el cómputo de cálculo de la ayuda, en el que el más importante es el flete. Hasta aquí, bien, pero hubiese estado mejor, como reconocen los propios productores, si ese nivel de apoyo hubiera alcanzado el 50%, que es el umbral al que se debía llegar según la norma que regula esta ayuda del Estado para Canarias.

Entonces, ¿qué ha pasado? Pues lo de siempre; o mejor, lo habitual en los últimos tiempos: que esta crisis es mucha crisis y que las tijeras que actuaron en los Presupuestos Generales del Estado de 2012, donde está la partida con que se paga la ayuda para el ejercicio de 2011, recortaron más de lo debido. Así, como no da para llegar a aquel 50%, se produce un prorrateo, con lo que la ayuda que se abonará, que ya se espera como agua de otoño, sólo cubrirá entre el 27-30% en los gastos de transporte que son susceptibles de ser compensados.

Éste es el primer capítulo que preocupa a los tomateros, y mucho más si se tiene en cuenta que lo que dibuja el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013 no es para saltar de alegría, que la citada partida aún se bajará más. En el caso del tomate, que se alimenta de una cantidad especial dentro de ese total, parece que el asunto está más controlado, pero habrá que ver. Las necesidades de los productores isleños de tomate en concepto de compensación al transporte se sitúan por año en el umbral de los 18 millones de euros, más o menos, siempre que se pague el máximo regulado.

A este primer bloque de preocupación se añade otro, también tradicional, que es la competencia, llamada por algunos desleal, de Marruecos en los mercados comunitarios.

Como ya se sabe, desde el 1 de octubre pasado, ese país africano realiza sus envíos a los mercados comunitarios siguiendo los preceptos del nuevo acuerdo agrícola que aprobó hace poco la Unión Europea (UE). Ello, pese a la oposición de España, significa que Marruecos y sus exportadores de hortalizas, en especial de tomate, tienen más facilidades para colocar sus producciones en la UE, con menos trabas. Este nuevo marco legal al que más afecta es a Canarias, en especial porque los marroquíes tienen otro régimen laboral, más blando, más precario, con menor coste, y además son capaces de producir tomate de calidad en los meses en que las Islas siempre han tenido mayor fortaleza: en otoño, invierno y parte de la primavera.

Aquí hay otro problema, un problema de casi toda la vida y contra el que ya sólo se podrá luchar a través de la programación de inversiones para ser mucho más competitivo: mejor fruta, de más calidad, y más cantidad de producción por hectárea; o sea, ser más competitivos. Y esto sólo es posible con inversiones y subvenciones, con invernaderos más modernos, con mejores variedades, con controles más efectivos de las plagas y con la implantación de técnicas de cultivo más innovadoras.

Así que ya tenemos dos grandes frentes abiertos, y uno de ellos, el último de los expuestos, con difícil solución en el ámbito político-administrativo; es decir, que a partir de ahora lo imposible será romper la tendencia iniciada desde hace unos años y que conduce de forma ineludible a que Marruecos cada vez lo tenga más fácil para colocar sus productos en el continente europeo. Contra esto, ya sólo cabe la reconversión y ser más competitivos: el plan diseñado para producir 150 millones de kilos en 1.000 hectáreas en toda Canarias.

El último bloque, la tercera pata que al menos desde 2009 dio algo de sostenibilidad a esta actividad agrícola en las Islas, fue el incremento del apoyo directo a los productores locales a través del conocido como Posei ampliado o de ayudas de Estado, que se activó en 2009 y que sólo ha dado, hasta hoy, quebraderos de cabeza. Muchos quebraderos de cabeza. En la actualidad, con cargo a ese programa singular, que completa el Posei comunitario y se financia con fondos al 50% del Estado y de Canarias, sólo se han pagado las ayudas de 2009 y 2010, y las de este año con una reducción del 30%. Para pagar el último ejercicio cerrado, el de 2011, no hay un euro, que no está en el presupuesto estatal de 2012, ni en el de 2013, y que tampoco lo tuvo Canarias en sus cuentas de 2011 y 2012, y seguro que ni en 2013. Así las cosas, los tomateros confían en que de los seis millones que salen del REA de 2013 para las producciones locales, en el Posei, más la misma cantidad que aporte el Estado, otros seis, se consiga acceder al apoyo definido como pago por hectárea (en 2009 fue de 20.400 euros y evoluciona hasta los 7.000 finales de 2014). Muchos frentes abiertos y la última oportunidad.

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ALARMA DE FEDEX

La Federación de Exportadores Hortofrutícolas de Las Palmas (Fedex), la entidad homónina de Aceto en la provincia de Las Palmas, calificó como “duro golpe” la rebaja de las partidas para la compensación al transporte reflejada en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013. Al respecto, recordó que desde 1982 el sector ha trabajado con la Administración con el fin de conseguir que los productos agrícolas que se exportan desde Canarias a países europeos “tengan un coste cero hasta un puerto peninsular de referencia, para estar en igualdad de condiciones que el sector de exportación de las demás zonas peninsulares”. Por ello, se regularon las compensaciones al transporte marítimo, pero, “en ninguna de ellas, se consiguió que el porcentaje de ayuda cubriera los costes totales de Canarias a la Península”.

Sin embargo, en el real decreto de 2009 sí se contempló una situación “más real” en lo que respecta a los costes del transporte y se estableció la compensación en el 50 por ciento para el tráfico entre Canarias y los países europeos (el 100%, más o menos, entra las Islas y Cádiz). Posteriormente, en 2010 se reguló el 60%, mientras que para 2011 estaba fijado el 65% y para 2012 y sucesivos años el 70%. El Estado “abonó el 56% del coste subvencionable en concepto de transporte marítimo (no llegó al 60%)” en 2010, mientras que para 2011, aún sin pagar, Fedex asegura que se ha informado que la estimación que hay de pago es de entre “el 27% y el 39%”, mucho menos de lo que establece el citado real decreto de 2009. La explicación a estas reducciones está en los recortes sufridos en los diferentes presupuestos generales del Estado de 2011 y de 2012, uno con el PSOE y otro ya con el nuevo Gobierno del Partido Popular.

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