G. GULESSERIAN | Tacoronte
Un grupo de vecinos de la calle Ismael Domínguez, de Tacoronte, se desplazó ayer al Juzgado de Instrucción número 5 de La Laguna, donde se instruye el caso del desahucio del matrimonio de Antonio Méndez y Berta Ferreira, de 60 años de edad, para exigir “justicia” y evitar que pierdan el viernes su vivienda como consecuencia de un error judicial.
Desde hace ocho años estas dos personas viven un auténtico calvario debido a la denuncia que les hizo Urbano Hernández, un vecino colindante, alegando que la propiedad de Berta y Antonio se sujeta sobre los cimientos de su casa. Pese a que las referencias catastrales constituyen la prueba irrefutable que demuestra que todo el procedimiento se ha basado en una mentira, ya que la propiedad de Antonio y Berta fue construida con anterioridad a la de su vecino, la Justicia no rectifica.
Los habitantes de la calle Ismael Domínguez, en la que ayer colgaban banderas negras en casi todas las fachadas y ventas y los integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca-Stop Desahucios (PAH), quisieron acompañar a Antonio a La Laguna. Su mujer no pudo hacerlo debido a que se encuentra muy débil y casi no tiene fuerzas para seguir luchando.
Visiblemente afectada por la situación, Berta permaneció en su domicilio y allí habló con este periódico. “¿Dónde está la Justicia?” es la pregunta que se hace una y otra vez para encontrar una explicación al momento tan difícil que atraviesa. “Yo no debo dinero, ni soy una sinvergüenza, yo he pagado mi casa y no le debo nada a nadie”, repite constantemente.
Asegura que la situación con su vecino, que ya lleva ocho años, le ha ocasionado muchos problemas de salud, sobre todo a su esposo, porque todo ha sido “un despropósito”, con abogados que sólo le pedían dinero, el Ayuntamiento de Tacoronte que hasta el momento ha permanecido al margen de este asunto y una Justicia “que no tiene vías para enmendar un error”.
Hace dos semanas, el abogado de oficio, el único que ha sido capaz de aportar un poco de luz a la tragedia que vive este matrimonio de ancianos, presentó un recurso al Supremo para la revisión del procedimiento. Es la única esperanza que les queda para salvar su casa, en la que viven desde hace 27 años y que compraron, recalca Berta, “con muchísimo esfuerzo”.