YAZMINA ROZAS | Güímar

Los alcaldes de Güímar, Arafo, Candelaria y Fasnia se han unido en la defensa del mantenimiento de los juzgados de Güímar. Un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propone la supresión de varios partidos judiciales en la Isla, entre ellos el de Güímar, que se agregaría al de Santa Cruz de Tenerife.

El informe se basa en que desde el año 1988 no ha habido modificaciones sustanciales del mapa judicial, adaptándose a la evolución de la población, la mejora de los medios de transporte y la racionalización del gasto público.

Ante esta posible supresión de los juzgados, los alcaldes de Güímar, Rafael Yanes; de Candelaria, José Gumersindo; de Arafo, José Juan Lemes; y de Fasnia, Damián Pérez, han presentado un escrito conjunto en el que argumentan sus razones para estar en contra de esta propuesta.

Así, señalaron ayer, en una rueda de prensa conjunta, que la eliminación de los juzgados del municipio “no tiene sentido” ya que la población de la comarca ha crecido en más del 85% desde 1988, y que la red de transporte público ha empeorado en Tenerife.
Indicaron, asimismo, que no supondría una racionalización del gasto, ya que Güímar cuenta con un edificio “moderno, perfectamente preparado y no tiene sentido trasladarlo” a oficinas de alquiler en Santa Cruz, indicó Rafael Yanes.

A esto añadió que el acuerdo 267/12 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), del 17 de septiembre de este año, emitió un informe sobre esta nueva demarcación judicial en el que consideró que “no se tiene conocimiento de muchos datos que influirían en el estudio”.

SE NECESITA UN CUARTO
Apuntó que, además, la memoria judicial de 2010 del TSJC recoge que en Güímar es “imprescindible” la creación de un cuarto juzgado de primera instancia e instrucción a la vista de las estadísticas de asuntos y entrada, que han aumentado “considerablemente” en los últimos tres años. Una recomendación que reiteró en la memoria judicial de 2011, ya que sería “de interés y en beneficio del ciudadano”.

“Tenemos argumentos suficientes y los vamos a ofrecer” al CGPJ, el TSJC, el Ministerio de Justicia y la Consejería canaria de Presidencia y Justicia, indicó.

Por su parte, José Gumersindo apuntó que en 2011 los tres juzgados de Güímar atendieron más de 10.000 casos y que, en 2010 con respecto a 2009, fueron los que tuvieron mayor índice de crecimiento de la Isla, con un aumento del 6,72%, frente a los descensos del 2,88% en Santa Cruz de Tenerife, del 6,18% en Granadilla y del 12,56% en Icod, por ejemplo.

El alcalde de Arafo señaló que mientras en el mapa judicial propuesto el norte de la Isla se queda con juzgados en La Laguna, La Orotava e Icod, el Sur solo tendrá los de Arona, lo que sería un “agravio comparativo”. Apuntó también que en su municipio los efectivos de la policía local están “ajustados” y que si tienen que desplazarse hasta Santa Cruz para juicios “no se podría desarrollar la actividad normal”.

Damián Pérez apoyó los argumentos del resto de alcaldes y añadió que desde el barrio más alejado de Fasnia se tarda más de hora y media en llegar a Santa Cruz, y que la mayoría de la población del municipio es gente mayor que no utiliza el vehículo privado.

PROCESO EN MARCHA
Rafael Yanes explicó que el informe del CGPJ es tan solo el inicio del proceso, ya que el documento aún debe pasar por el ministerio, remitirse a las comunidades autónomas y llegar al Congreso y al Senado.

Indicó que ya ha tenido una primera reunión con el consejero canario de Presidencia y Justicia, Francisco Hernández Spínola, quien se mostró “muy receptivo” a los argumentos esgrimidos. “Estoy absolutamente convencido de que la contundencia de los datos hará variar el informe” del CGPJ, añadió.

El alcalde de Candelaria agregó que no se trata de una “cuestión política” sino de un problema en el que “todos tenemos que empujar en la misma dirección”, ya que puede ocasionar un “perjuicio económico” a la comarca.

El informe del CGPJ propone también que los juzgados de Granadilla de Abona y el Puerto de la Cruz sean subsumidos por los de Arona y La Orotava, respectivamente. De los 12 partidos judiciales que hay ahora en la provincia, se pasaría a siete.