VICENTE PÉREZ | Adeje
Los casos de acoso a niños en la escuela y en las redes sociales de internet en la provincia de Santa Cruz de Tenerife han aumentado, según informó ayer el decano de Menores de la Fiscalía Provincial, Manuel Leonardo Campos, quien advirtió de que, si a esto se unen las altas cifras de absentismo y fracaso escolar en Canarias, se puede crear “un cóctel explosivo”.
No obstante, destacó la mejora del sistema penal juvenil en los últimos años, hasta el punto de asegurar que hoy en día “no existe ningún menor que haya cometido un delito que no esté controlado”. En esta línea, puso de relieve la reducción de la cifra de internos en el centro de menores con medidas judiciales de Valle Tabares: de 180 en 2006 a 79 en la actualidad (de los que 50 son de la provincia tinerfeña).
Campos ofreció estos datos durante su intervención en las I Jornadas itinerantes sobre Justicia, Seguridad y Servicios Sociales, que ayer recalaron en Adeje, tras su inauguración la pasada semana en Arona, y que continuarán los viernes días 16 y 30 en Guía de Isora y Santiago del Teide, respectivamente, organizadas por los Juzgados de Paz y los ayuntamientos de la zona.
En cuanto al acoso escolar, indicó que la Fiscalía “ha detectado un repunte, bien por denuncias de padres o particulares o por el propio centro”, si bien aclaró que, a su juicio, “no ha habido casos muy graves”. También reparó en que “cada vez se produce más acoso de menores por las redes sociales” y en este sentido elogió la labor de los “cada vez mejores” equipos de investigación informática de los diferentes cuerpos de seguridad. En este punto hizo hincapié en la creciente falta de control por los padres sobre el uso que sus hijos menores de edad hacen de Internet, tanto en el ordenador como en los teléfonos móviles.
Ante un público formado por técnicos de servicios sociales, personal de ONG de atención social y policías locales, el fiscal decano reparó en que el sistema judicial del menor ha dejado de ser “primer página” en el último lustro por su mayor eficacia, “y ya no hay tantas denuncias ni tampoco es noticia en primeras páginas” como ocurrió hasta 2007, por la conflictividad o las fugas de centros de menores.
Menos optimista se mostró sobre el procedimiento de la declaración de menores en desamparo, y en este sentido, criticó a la Dirección General del Menor del Gobierno canario en cuanto que “tarda mucho en detectar” los casos en que se debe adoptar esta medida, que se está aplicando a 480 menores.
El fiscal abogó por “potenciar más” los acogimientos familiares y reconsiderar el uso de macrocentros como el de Valle Tabares, que, a su juicio, ya no son necesarios. Además, subrayó que, frente a la Justicia penal con adultos, “que en Tenerife está por los suelos porque los ocho juzgados están colapsados”, en la que atañe a los menores sólo quedan 11 casos pendientes de resolver del año 2011, y 300 del actual.
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Coordinar esfuerzos en pro del menor
El alcalde adejero, José Miguel Rodríguez Fraga, animó a “crear una mesa de coordinación para sumar esfuerzos, mantener una comunicación permanente y promover más iniciativas” entre jueces, fiscales, ediles y técnicos de servicios sociales y policías” pues “los problemas sociales no los deben pagar los menores”.
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