T. F. | Santa Cruz de Tenerife

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, aprovechó ayer su intervención ante el Senado para recomendar que el despilfarro sea tipificado como delito en el Código Penal, además de pedir que sea obligatorio incluir en el presupuesto de cada proyecto de infraestructura pública todas las partidas previstas hasta su conclusión.

Además, considera imprescindible que antes de realizar una nueva infraestructura se evalúe su uso social.

Becerril también recomendó un tratamiento específico para las víctimas del terrorismo en el futuro Estatuto de la Víctima.

Además, en estos primeros meses al frente de la institución, pide que se garantice la protección de la salud a colectivos en situación vulnerable, recomendó el pago parcial de la paga extra de Navidad a empleados públicos y abogó por mejorar la identificación policial.