J. F. J. | La Laguna

El alcalde Fernando Clavijo se reunió ayer, sábado, con los presidentes de las comunidades de vecinos de Las Chumberas, para informar del plan definitivo de reposición de sus viviendas acordado el pasado octubre con el Ministerio de Fomento. Clavijo estuvo acompañado en la cita por el concejal de Vivienda, Antonio Pérez Godiño, y el primer teniente de alcalde, Javier Abreu, además de María José Castañeda y Domingo Galván, miembros del grupo de gobierno local y representantes políticos en la comisión de afectados por la aluminosis.

Clavijo informó a los asistentes de los detalles de la intervención y de los próximos pasos a dar, una vez que el secretario de Estado de Vivienda, Rafael Catalá, ha garantizado que habrá financiación estatal para la sustitución de los 29 bloques afectados por la denominada enfermedad del cemento, los cuales representaban el 70% de la urbanización. Señaló que para diciembre está prevista la constitución de la comisión técnica del proyecto y que, a partir de marzo del próximo año, con la aprobación del Plan General de Ordenación del municipio, se pondrá en marcha el desarrollo la intervención en Las Chumberas.

El primer edil lagunero puntualizó, además, que aquellos vecinos interesados en contar con garaje o trastero en los nuevos edificios tendrán que costearlos de su propio bolsillo, ya que estas prestaciones extra no están incluidas en la intervención pactada entre las administraciones, y de la que el Gobierno central aportará el 50% del coste total de la obra; el Gobierno de Canarias el 35%; el Cabildo Insular el 10%; y el Ayuntamiento, el 5%.

Según el acuerdo alcanzado el pasado octubre entre Rafael Catalá y Fernando Clavijo también se abordará próximamente la revisión del convenio plurianual suscrito entre las partes, ampliándose hasta el año 2016 el plazo que en un principio se había fijado para el periodo 2012-2015.
Otra de las novedades expuestas por Catalá en su encuentro con el alcalde es la participación en el proyecto de reposición de Las Chumberas de la iniciativa privada. Una fórmula que permitirá a las administraciones implicadas aminorar su participación económica en la intervención y, de paso, abrir a nuevos usos espacios de aprovechamiento en la zona.