JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife
Todos tienen lo mismo en común. Son inmigrantes en situación administrativa irregular. La mayoría, perdió su empleo debido a la crisis, que tampoco les permite retornar a sus países. Además, el Gobierno para el que contribuyeron durante años los deja ahora sin asistencia sanitaria, algo que hasta hace apenas dos meses sí tenían.
Médicos del Mundo denunció el pasado miércoles que Canarias es una de las comunidades autónomas donde más inmigrantes irregulares han sido excluidos sin motivo del sistema (hay al menos una veintena de casos documentados solo en la isla de Tenerife) desde que el 1 de septiembre entrase en vigor el Real Decreto de reforma del Sistema Nacional de Salud. Uno de ellos es Rosa (nombre ficticio dado para preservar su intimidad), colombiana de 44 años que lleva 8 en las Islas. Diagnosticada de cáncer de mama en 2008, la sacaron de la lista de espera esta misma semana porque su permiso de residencia había caducado. En paro y sin ingresos, ocupa una casa que no puede pagar y malvive junto a sus hijo gracias a la caridad de una ONG.
Una historia igual de dramática relata Alberto, un jubilado uruguayo de 69 años, diabético y enfermo de un cáncer de próstata que le detectaron hace dos años. En octubre le tocaba revisión, pero no le tramitaron la cita porque su visado estaba caducado. Con sólo 300 euros de pensión, ha tenido que abandonar el tratamiento farmacológico que tenía porque no puede pagarlo.
El caso de María, de 27 años, es si cabe más surrealista. Embarazada de ocho meses, hasta octubre la atendieron normalmente en el Servicio Canario de Salud. Hace dos semanas le negaron una cita porque tenía el DNI caducado. Su ginecólogo, de motu propio, la envió a La Candelaria a la matrona, quien dado su estado decidió atenderla. Ahora no sabe si le enviarán la factura de la consulta y, lo que es peor, qué pasará cuando nazca su hijo.
Según el mapa dibujado por Médicos del Mundo, el desconcierto es generalizado, tanto entre el personal sanitario y administrativo como entre los usuarios potencialmente afectados. Derivación de pacientes de un servicio a otro, respuestas contradictorias, rechazo a la tramitación de la tarjeta sanitaria aun cuando la persona tenía derecho a ella o denegación de asistencia a menores y embarazadas son situaciones comunes. La aplicación de la reforma, además, ha sido muy heterogénea desde el punto de vista territorial, según la organización. Así, mientras algunos gobiernos regionales empezaron a rechazar a inmigrantes sin papeles en sus sistemas sanitarios meses antes de que entrase en vigor la norma en septiembre, otros se han opuesto a ella, incluso en los tribunales.
Se da el caso también de algunas autonomías que han otorgado al personal administrativo en lugar de al sanitario la potestad de decidir lo que es o no urgencia. Existen también diferencias entre las autonomías a la hora de formalizar la aplicación práctica del real decreto. De hecho, solo seis (Aragón, Asturias, Castilla y León, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana) han aprobado algún documento con ese fin (circular informativa, instrucción, comunicación o carta a los profesionales sanitarios).
Elena, boliviana de 56 años, estaba en lista de espera para ser operada de una cadera antes de que entrara en vigor el decreto de reforma del sistema sanitario. Sin embargo, hasta en dos ocasiones le mandaron de vuelta a casa cuando estaba a punto de ingresar para ser intervenida. Siempre por el mismo motivo, porque no tiene tarjeta de residencia. Por medio de su médico de cabecera, quien incluso envió una carta al SCS, pudo ser operada recientemente en La Candelaria, donde ahora le niegan la rehabilitación. Además, en el hospital le emitieron una factura por la intervención, que asciende a 6.000 euros. Con un sueldo muy bajo, vive gracias a los ingresos de su hijo, que deja claro que nunca podrá pagar la operación de su madre, a la que ayuda cada a rehabilitarse en casa. Médicos del Mundo está intentando que el sistema asuma una recuperación necesaria para que pueda volver a caminar.
La organización humanitaria ha detectado una gran diversidad en la aplicación de la norma incluso dentro de las mismas comunidades, de tal forma que en cada centro se está aplicando de una forma distinta, según las órdenes implícitas de las gerencias provinciales, de la jefatura de servicio o el criterio del personal administrativo o sanitario que recibe al paciente. En las Islas, como ha publicado este periódico en varias ocasiones, el nuevo decreto del Gobierno para la Sostenibilidad del Sistema Sanitario afecta a unos 42.000 inmigrantes que no tienen regularizada su situación. Dicha cifra se obtiene cruzando el padrón municipal (309.674) con el último dato de residentes con certificado de registro o tarjeta de residencia (267.153), que publica cada tres meses la Secretaría de Estado de Inmigración. Todos ellos, mientras alguien no lo resuelva, han sido desterrados del sistema.