TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife
Las administraciones canarias destacan especialmente en el listado facilitado ayer por la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, que en breve denunciará ante la Fiscalía como supuestos responsables de un delito de desobediencia, dado que no han respondido a repetidos requerimientos de dicha institución.
Así, de las 55 administraciones señaladas, hasta diez son canarias. Tres son de orden autonómico: Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias; Dirección General de Protección del Menor y la Familia de la Comunidad Autónoma de Canarias, y el Instituto Canario de la Vivienda.
Las otras siete son locales, exactamente ayuntamientos, de los que tres son tinerfeños: Granadilla de Abona, Puerto de la Cruz y Arona. También figura una de las cocapitales del Archipiélago -Las Palmas de Gran Canaria- y una capital insular -Arrecife-. Los otros son La Oliva (Fuerteventura) y San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria). Los motivos son variados y van desde la gravedad de una denuncia por narcotráfico hasta una mera sanción de tráfico.
Respecto al delito de desobediencia en el que se pudiera haber incurrido, se trata del previsto en el párrafo segundo del artículo 502 del Código Penal, donde se fija como autor a “la autoridad o funcionario que obstaculizare la investigación del Defensor del Pueblo (…) negándose o dilatando indebidamente el envío de los informes que éstos solicitaren o dificultando su acceso a los expedientes o documentación administrativa necesaria para tal investigación”.
En el primer párrafo de dicho precepto se prevé una pena que, al tratarse de funcionario o autoridad, también lleva aparejada la suspensión de empleo o cargo público de seis meses a dos años de duración.
En el resto de las administraciones relacionadas, figuran otras capitales de provincia como Lugo, Badajoz, Burgos, Logroño y Ciudad Real.
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Relación de causas
Dirección General de Protección del Menor y la Familia. Situación del Centro de Acogida de Menores Extranjeros El Fondillo (Gran Canaria), dos casos de situación de menores extranjeros en acogida y falta de contestación a denuncia contra psicólogo.
Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial. Queja de asociación ecologista por el no funcionamiento del Consorcio para el desarrollo del Plan Especial de El Rincón, en Tenerife, creado por Ley de 1992.
Instituto Canario de la Vivienda. Falta de contestación a solicitud de ayuda para vivienda.
Granadilla de Abona. Inactividad policial ante venta de drogas.
Arona. Solicitud de vivienda protección oficial.
Puerto de la Cruz. Pasividad municipal frente a obras ilegales.
Las Palmas de Gran Canaria. Disconformidad con sanción de tráfico.
La Oliva (FVA). Urbanismo: otorgamiento cédula de habitabilidad indebida a vivienda de protección oficial.
Arrecife (LZ). Contaminación acústica por supermercado.
San Bartolomé de Tirajana (GC). Problemas personal laboral temporal del municipio.
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