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La mayoría de los acusados en el macrojuicio se niega a declarar

T. F. | Santa Cruz de Tenerife

MACROJUICIO AUDIENCIA PROVINCIAL SANTA CRUZ DE TENERIFE
Imagen del arranque de la vista oral, celebrada ayer en la Audiencia Provincial. / FRAN PALLERO

Como era de prever, las defensas del macroproceso por el que se piden un total de 237 años de cárcel para los 23 imputados solicitaron la nulidad del proceso al entender ilegales las escuchas telefónicas, dado que éstas se habrían iniciado a cuenta de otro caso. Esta estrategia ya ha dado buenos resultados procesales recientemente en esta misma Sección Segunda de la Audiencia provincial de Santa Cruz de Tenerife, aunque ayer la Fiscalía tuvo mejor suerte que hace dos meses y, por ahora, sus argumentos mantienen vivo el juicio.

Esta polémica procesal y el inusual hecho de que hubiera que esperar a que uno de los imputados declarase en un juzgado del Norte de la isla por otra causa hizo que la primera sesión de esta vista oral, que se estima tardará en dirimirse unas dos semanas, retrasó el arranque de un proceso en el que, de los once primeros acusados, la mayoría se negó a realizarlo, lo que provocó que el representante del Ministerio Público hiciese constar sus manifestaciones cuando fueron interrogados con anterioridad. Algunos sí reconocieron que consumían cocaína, pero niegan el tráfico.

Los delitos por los que han sido sentados ante los magistrados son: tráfico de drogas, robo con violencia, extorsión, amenazas, prostitución y corrupción de menores, abuso sexual, simulación de delito, tenencia ilícita de armas de fuego, y conspiración para cometer un delito de robo con violencia e intimidación en las personas, así como una falta de lesiones.

La versión de la Fiscalía es que la red estaba dirigida por dos de los imputados desde el Puerto de la Cruz, donde se dedicarían a la distribución y venta de cocaína, éxtasis y hachís, así como a combatir a otras bandas de narcotraficantes rivales, al asalto de viviendas y a introducir droga desde África.

Cabe reseñarse igualmente que en su escrito de conclusiones provisional, la Fiscalía pide como indemnización a los acusados un total que supera los dos millones de euros, así como la existencia de un policía que ayudaba al agrupo a no ser detectado y que la investigación no ha logrado desenmascarar.