más que palabras>

La paja y la viga> Por Esther Esteban

Al final no hubo acuerdo. PP y PSOE,una vez más, han decepcionado los ciudadanos no poniéndose de acuerdo en una cuestión de tanta sensibilidad social como los dehahucios. Ni el partido del Gobierno, ni el que aspira gobernar han estado a la altura de las circunstancias y no es de extrañar que los ciudadanos en todas las encuestas les den la espalda. No voy a entrar en quien ha sido el responsable del desencuentro ni me interesa en absoluto. Lo que sí sé es que nunca están en los temas que ocupan y preocupan a los ciudadanos y pagarán con sus votos haber eliminado de diccionario la palabra consenso.
Sea como fuere el Consejo de ministros ha aprobado ya el decreto ley por el que se paralizan los desahucios en ejecución durante un periodo de dos años y se creará, además, un fondo social con aportaciones públicas, para alquilar pisos a muy bajo precio a las personas que hayan perdido su vivienda.

Podrán acogerse a la primera de las medidas las familias con ingresos anuales de menos de 19.164 euros cuya cuota hipotecaria supere el 50% de su renta y que sean además parados de larga duración, familias numerosas o discapacitados, víctimas de la violencia de género u otros supuestos.

¡Claro! Que estas condiciones no son suficientes y a todos nos gustaría que nadie tuviera que pasar por un tema tan doloroso como un desahucio. Sin embargo hay que reconocer el hecho de que el gobierno haya reaccionado -¡Por fin!- ante una imperiosa demanda social y también que no es fácil mantener un equilibrio entre la necesidad de resolver un grave problema social y los derechos de las entidades bancarias.

Es verdad, como han dicho algunos, que el gobierno ha aprobado estas medidas solo para resolver los casos más urgentes y que no se podrá impedir la mayoría de los 2000 desahucios de primera vivienda que se están produciendo cada año en nuestro país desde que estalló la crisis. Por eso ahora lo que interesa es que se modifique la legislación hipotecaria y sobre todo las cláusulas abusivas de los contratos, los intereses de demora, los criterios de tasación etcétera.

A medio plazo se deberían estudiar fórmulas como la dación en pago y otras que ya funciona con éxito en muchos países, pero para hacerlo es totalmente necesario que haya acuerdo. El consenso debería ser de todos no solo de PP y PSOE, que son incapaces de pactar nada, sino del resto de los grupos parlamentarios y sobre todo de los minoritarios que le han comido la tostada y con mucho a los grandes en este asunto. Los pequeños llevan años intentando buscar una solución a los deshaucios y se han apoyado en movimientos sociales que también han estado muy activos y a quienes, sin duda, se debe la movilización y la conciencia social.

Se entiende mal, muy mal, que el PSOE califique ahora de “parche” lo aprobado por el Gobierno cuando ellos no hicieron nada durante los ocho años que estuvieron en Moncloa y ahora tampoco han podido encontrar puntos de encuentro.

Está claro en este país los dos grandes partidos siguen viendo la paja en el ojo ajeno y jamás, jamás miran la viga en el propio. Por eso los ciudadanos les seguirán dando la espalda, y con razón.