Los acuerdos preferenciales de los años 70 entre España y las Comunidades Europeas dieron mejores condiciones a nuestras exportaciones y mejoraron nuestra economía. Y abrieron el camino a la integración de nuestro país en la Unión Europea (UE) como miembro de pleno derecho, lo que provocó el segundo gran milagro económico con la llegada de cuantiosos fondos destinados a infraestructuras y a la modernización de España.
La UE tiene un interés estratégico en el desarrollo de Marruecos por razones políticas: un factor de estabilidad y un aliado fiel en el bloque de países islámicos. El progreso de los países del Magreb en la frontera sur de Europa (la misma política que sigue EE.UU. con México) actúa como tapón migratorio y algunos países, excolonias europeas, tienen estrechos vínculos comerciales con empresas y gobiernos de Francia, Alemania o Gran Bretaña.
La Política Europea de Vecindad -los burócratas de Bruselas no se quedan calvos poniendo nombres- es la continuación de los acuerdos preferenciales firmados en los años sesenta con los Países Terceros Mediterráneos. El Proceso de Barcelona, en 1995, planteó el viaje hacia un futuro de libre comercio con estos países y la ejecución de diversos programas de cooperación. Con el apoyo entusiasta de España.
El Banco Europeo de Inversiones dispuso unos 10.000 millones de euros para actuaciones en Marruecos (zona mediterránea) entre 2002 y 2009. Y los programas anclados en las políticas de vecindad están dotados con casi 12.000 millones para actuaciones en el 2007 y el 2013. Y solo son dos fondos, a los que habría que sumar otras actuaciones y acuerdos como la última rebaja de aranceles para las producciones agrícolas marroquíes.
Siendo que el desarrollo económico de Marruecos es inevitable, más vale que nos ocupemos en que nos sea favorable. Aquí al lado tenemos un país con un PIB que ha crecido hasta los 170.000 millones de euros, que tiene como estrategia el desarrollo de un sector turístico competitivo y cercano a Europa; que es capaz de exportar producciones agrarias más baratas; que está más cerca de los mercados de destino europeos; que tiene mano de obra barata y menores exigencias normativas.
Anunciar para Canarias un plan de promoción y empleo que aún no existe es desesperado. Celebrar unos hipotéticos 2.000 millones, comparándolos con el dinero que lloverá en el país vecino, es triste. Digerir que se promocione el único sector económico en el que somos competentes (frente a una industria atascada y una agricultura agonizante) es difícil.
En fin, que hay días en los que es preferible estar callado y parecer absolutamente perdido que hablar y ofrecer pruebas evidentes.