J. L. CÁMARA / T. FUMERO | Santa Cruz de Tenerife
Indignación. La decisión de la Subdelegación del Gobierno de multar con 500 y 1.000 euros a los manifestantes que el 17 de octubre cortaron el tráfico en el centro de la capital, durante una protesta de estudiantes de Bachillerato y ESO contra los recortes presupuestarios y la reforma de la enseñanza pública, ha generado el rechazo de la comunidad educativa de la Isla.
Y es que, aunque los sindicatos y estudiantes coinciden en que la protesta no debió interrumpir el servicio del tranvía, consideran “exagerada” la decisión de la Subdelegación, máxime en el actual contexto de crisis y recortes que se ciernen sobre el país. En este sentido, el presidente de la Unión de Estudiantes de Canarias (Udeca), Néstor García, explicó que la citada movilización se enmarcaba en unas jornadas de lucha convocadas a nivel nacional por el Sindicato de Estudiantes. “Hay una serie de movimientos estudiantiles que son irresponsables, porque no se pueden realizar actos de este tipo”, denota García, quien, no obstante, deja claro que la Subdelegación debería “apostar por el diálogo y la crítica constructiva, porque no hubo ningún daño material ni personal”. “Hay que entender que el colectivo está indignado, pero actuaciones así están injustificadas”, expuso el responsable estudiantil, quien insistió en que el Gobierno debería ser más “comprensivo”. En la misma línea se manifestó el presidente de la Federación Insular Tinerfeña de Asociaciones de Padres de Alumnos (Fitapa), Eusebio Dorta, quien criticó la decisión de la Subdelegación porque “la marcha fue completamente pacífica; no hubo agresiones ni insultos”.
“Los estudiantes se manifestaron porque están desesperados ante las continuas agresiones de las administraciones, y encima ahora les limitan su derecho a la manifestación y a la libertad de expresión”. Para Dorta, se trata de una medida “ejemplarizante” que tiene como objetivo “asustar” a la ciudadanía “para evitar que se manifieste y se queje”.
Una opinión que comparte el portavoz del sindicato del profesorado Anpe, Pedro Crespo, quien dejó claro que “no se puede reprimir a base de multas el derecho a la manifestación”. “Aunque es verdad que hay que tener todos los permisos en regla a la hora de convocar cualquier acto de este tipo, la Administración debería ser flexible, máxime cuando son niños los que participan y se realiza de manera pacífica”, recalcó Crespo.
La decisión de la Subdelegación del Gobierno está respaldada por el propio Cabildo de Tenerife, que apenas cinco días después de que se produjeran los hechos envió una carta a los responsables gubernativos, a los que instaba a “ejercer las acciones judiciales y administrativas que procedan a fin de garantizar la prestación del Servicio Público gestionado por Metropolitano Tenerife”.
En la citada misiva, a la que ha tenido acceso este periódico, se pide a la Delegación del Gobierno que adopte “todas las medidas de seguridad ciudadana necesarias, en coordinación con la dirección de la empresa pública Metropolitano de Tenerife, en aras de garantizar la conciliación del derecho de manifestación con el funcionamiento de un servicio público esencial, como es el transporte metropolitano tranviario, y el derecho a la libre circulación de los ciudadanos y traslado a sus lugares de trabajo, estudio y realización de diferentes gestiones de los usuarios del servicio público”.