NICOLÁS DORTA / LUIS F. FEBLES | Arona / Puerto de la Cruz
La información publicada el pasado domingo por DIARIO DE AVISOS en la que se daba cuenta de la propuesta del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sobre el mapa judicial en la provincia, con la desaparición de los partidos judiciales de Güímar, Granadilla de Abona y Puerto de la Cruz, ha tenido una reacción contundente por parte de los alcaldes de los municipios afectados.
Si el lunes el mandatario güimarero, Rafael Yanes, manifestaba su total rechazo a esta iniciativa, ayer se sumaron los regidores de Granadilla y de Puerto de la Cruz, Jaime González Cejas y Marcos Brito, respectivamente. Cejas comentó que es hora de “iniciar una ofensiva” para evitar que se supriman los juzgados de Granadilla, “el primer partido judicial que se creó en el Sur de Tenerife”.
Para ello, el alcalde socialista está recabando “información más detallada” con el fin de iniciar una estrategia común y solicitar al Gobierno de Canarias “que reaccione” y evite lo que considera “un atropello” a “los derechos fundamentales de los ciudadanos de esta parte de la Isla”. “Quitar los juzgados de Granadilla va contra la historia y contra la igualdad de oportunidades”, agregó el mandatario. A juicio de Cejas, hay que hacer “un esfuerzo común” e implicar a todas las administraciones “en una cuestión muy importante”. “Este asunto no pasa por el traslado, sino dotar de más funcionarios a este partido judicial”, añadió el alcalde.
Cabe recordar que el Ayuntamiento granadillero ya aprobó por unanimidad el 19 de abril rechazar el traslado de los juzgados, que son mixtos (cuatro de primera instancia e instrucción para una población de 63.452 habitantes y que abarca a Granadilla, San Miguel y Vilaflor), al partido judicial de Arona. En principio, la propuesta inicial, basada en la Ley de Demarcación y Planta Judicial del Ministerio de Justicia, establece dejar sólo asuntos civiles en Granadilla y trasladar los juzgados de lo penal hasta Arona, según indicó en su día el propio Consistorio, a lo que igualmente se oponía.
Asimismo, el portavoz municipal de Coalición Canaria (CC) en Granadilla, José Domingo Regalado, subrayó que esta situación es “inasumible” y que si finalmente se produce “no responderá a cuestiones técnicas, sino a políticas y económicas”. “Lo que necesitan los ciudadanos es un mejor funcionamiento de la justicia, equipada y dotada con medios técnicos y humanos necesarios para ofrecer un buen servicio a la sociedad”, sostuvo. El traslado a Arona “sólo significaría para Granadilla una muerte económica para el casco, dado que el tránsito diario de personas que trabajan y acuden a los juzgados es bastante importante”, agregó. “Su desmantelamiento, como ya ocurrió en anteriores etapas, no creará una justicia más rápida ni más efectiva, ya que son estos mismos juzgados los que reciben un mayor número de quejas ante el Diputado del Común, debido a la falta de personal y de órganos judiciales, comentó Regalado.
Por su parte, el alcalde portuense, Marcos Brito, a través de su gabinete de prensa, calificó la medida de “injustificada” y recordó que afectará a los vecinos de la ciudad turística de “forma considerable, ocasionando un perjuicio que podría evitarse”. “No se están teniendo en cuenta las peculiaridades del hecho insular”, apostilló.
El regidor de la ciudad turística, en colaboración con las demás localidades perjudicadas, pedirá una reunión con el presidente del Gobierno de Canarias y el consejero responsable para analizar la situación e intentar “buscar la mejor solución para todos”.
El próximo pleno municipal analizará una propuesta para demandar que se reconsidere dicha proposición tanto por el TSJC como por el Consejo General del Poder Judicial, e implicar en este requerimiento a la Consejería regional de Justicia.