JOSÉ L. CONDE / VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

Los vecinos de Cho Vito, que el viernes se encerraron en el Ayuntamiento de Candelaria tras el derribo de las últimas nueve viviendas del poblado, comenzaron ayer el desalojo del salón de plenos, después de lograr un acuerdo al mediodía con el alcalde, Gumersindo García. A última hora todavía permanecían tres familias en el interior del Consistorio, pero aseguraron que a las diez de la mañana de hoy abandonarían su protesta una vez dispongan de las viviendas de alquiler prometidas.

El acuerdo alcanzado establece que el Ayuntamiento de Candelaria pagará el alquiler por dos años prorrogables a cuatro familias que se encontraban encerradas en el Consistorio hasta que esté acabada la construcción de las viviendas definitivas en una zona próxima a Cho Vito, que pasarán a su propiedad.

Para ello, la Corporación municipal tendrá que ceder al Gobierno canario un solar donde se construirán once casas para reubicar a personas desalojadas de Cho Vito. Los terrenos en cuestión se incluyen en la unidad de actuación donde está previsto un edificio residencial de 15 viviendas, por lo que será necesario que el Ayuntamiento tramite la revisión o modificación del Plan General de Ordenación (PGO) para adecuar la parcela a la nueva construcción que alojará a los vecinos de Cho Vito, junto a la otra ya programada.

En el acuerdo los vecinos se comprometen a buscar la financiación para construir estas viviendas sociales y para ello los afectados ven factible aportaciones económicas a través de fondos de la Unión Europea.

La propuesta aceptada por los afectados contempla 12.000 euros en el momento del acuerdo, que es el equivalente al alquiler de dos años por si quisieran utilizar el dinero para otra opción (como entrada o mejora de la vivienda) o el alquiler de una casa durante dos años con preferencia para acceder a una vivienda social, en régimen de alquiler, que quede libre en el municipio o de las que están previstas por el Gobierno canario y cuyo proyecto ya se halla en el Ayuntamiento, debiendo abonar, en este caso, la mensualidad que corresponda a su situación económica. Además se prorrogará el alquiler si en el plazo previsto no accedieran a una vivienda.

La tercera opción es una vivienda de protección oficial para las familias cuyos ingresos lo permitan, de las construidas por el Ayuntamiento, disponibles actualmente, y cuya cuota mensual de hipoteca está entre 285 y 330 euros, según su superficie, con garaje y trastero. En el cálculo de la cuota se ha tenido en cuenta la aportación de 12.000 euros que recibirán al firmar el convenio para destinarlo como entrega a cuenta del 20% inicial.

Todas estas propuestas ya habían estado sobre la mesa en la reunión mantenida el 29 de octubre entre los gobiernos estatal y canario, el Cabildo y el Ayuntamiento para el realojo de las últimas familias y permitir así a Costas recuperar el dominio público marítimo terrestre, con sentencia firme, y terminar las obras de un paseo marítimo.

Días antes del derribo, estos vecinos presentaron ante Costas documentos oficiales que cuestionan el deslinde aprobado en 2001, aunque las demoliciones se llevaron a cabo sin que se atendiera esta reclamación. Las presuntas irregularidades las han denunciado también por vía judicial, por lo que, pese al acuerdo de ayer, el caso no está cerrado.