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Víctimas del robo de niños se reunirán con la Defensora del Pueblo para denunciar el trato “inhumano” que sufren

EUROPA PRESS | Madrid

Familiares de niños robados durante la dictadura y hasta los primeros años de la democracia acudirán el próximo miércoles a la Defensora del Pueblo para mantener una reunión en la que denunciarán el “trato inhumano” que están sufriendo y pedirán su amparo por la “continuada” violación de sus derechos constitucionales.

El ‘Colectivo Sin Identidad de las Islas Canarias’, que reúne a decenas de afectados en la comunidad autónoma, confía en que la institución dirigida por Soledad Becerril se implique en el caso y “active” la búsqueda de sus desaparecidos.

“Nuestra esperanza es que lo tome como una cuestión propia e impulse las búsquedas, que deberían haberse realizado por iniciativa del Estado hace mucho tiempo”, ha explicado a Europa Press el abogado de la asociación Miguel Ángel Rodríguez.

Se trata de la primera vez que las víctimas de los ‘bebés robados’ acuden a la Defensora del Pueblo para pedir su protección y lo hacen al entender que es de “máxima urgencia y gravedad” la situación que están viviendo.

Mientras muchas familias padecen “un daño psicológico enorme” al ver cómo los años pasan y siguen sin encontrar a los hijos que le fueron sustraídos, otros afectados “van por las calles y no saben ni siquiera cómo se llaman, cuál es su nombre real”. “Tienen derecho a su identidad”, añaden.

“ANÓMALO” FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO

Por ello, el abogado Miguel Ángel Rodríguez Arias, autor del libro ‘El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad’, junto con el historiador Francisco González de Tena mantendrán un encuentro con el equipo jurídico de la Defensora del Pueblo para exponerle la vulneración del derecho a la vida familiar y a no recibir un “trato inhumano” que padecen los afectados. Estos derechos se recogen en los artículos 18.1 y 15 de la Constitución española, respectivamente.

“Con independencia de cómo y cuándo se sustancien las actuaciones penales, hay miles de familias que están teniendo un sufrimiento inhumano prohibido por la Constitución”, advierte el letrado, para poner también el foco en que, actualmente, el “Estado español no está buscando a los niños”.

El colectivo ilustra este “anómalo” funcionamiento del Estado al afirmar que hay más de 1.200 diligencias abiertas por la Fiscalía y, sin embargo, no hay ninguna unidad policial dedicada a localizar a los desaparecidos y restituírselos a sus familias.

En este sentido, los afectados muestran su deseo de que la acción que pueda ejercer la Defensora del Pueblo sirva para iniciar “lo antes posible” las averiguaciones sobre el paradero de sus seres queridos.

Para finalizar, la asociación pone en evidencia la doctrina internacional que reconoce a las familias como víctimas indirectas y establece la “obligación básica” del Estado de buscar a los hijos, padres o hermanos que buscan.

Recuerdan el ‘caso de Quinteros Almeida contra Uruguay’ en el que el Comité de Derechos Humanos de la ONU reconoció la incertidumbre que una mujer había sufrido cuando los militares uruguayos se llevaron a su hija en 1976 y nunca más supo de su paradero. Naciones Unidas dijo comprender su “profundo pesar y angustia” y reconoció entonces su derecho a saber qué le había ocurrido a su hija.