EFE |Arrecife

La jueza que instruye el llamado “Caso Montecarlo” ha acordado imputar al tesorero del Ayuntamiento de Arrecife, Antonio Jesús Cabrera Panasco, supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

Esta operación, puesta en marcha por la Policía, investiga la existencia de presuntos fraudes en pagos de facturas, servicios y concursos prestados en los ayuntamientos de La Oliva, en Fuerteventura, y San Bartolomé y Arrecife, en Lanzarote.

Por esta investigación se ha detenido, como principales responsables, al interventor del Ayuntamiento de Arrecife, Carlos Sáenz, que se encuentra en prisión provisional, junto al empresario José Vicente Montesinos, ex recaudador municipal de los ayuntamientos de La Oliva y San Bartolomé.

Ambos detenidos están acusados de varios delitos, como malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y falsedad en documento público.

En la operación han sido imputados varios políticos y técnicos municipales que han ido prestando declaración en sede judicial durante los últimos meses.

En lo que respecta al Ayuntamiento de Arrecife, en este caso se investiga el pago irregular de facturas y servicios a distintas empresas.

En un auto judicial, al que ha tenido acceso Efe, la titular del Juzgado de Instrucción número cuatro de Arrecife imputa al tesorero municipal al considerar que “existen indicios serios” de que Cabrera Panasco ha participado en los delitos que se vienen investigando en el procedimiento”.

Según el auto, la participación del tesorero se basa “no solo por lo que se desprende del informe del interventor-auditor”, sino también a la vista de lo instruido en el procedimiento.

Fuentes judiciales han indicado que en esta decisión ha sido importante la existencia en el procedimiento de un informe pericial elaborado por la Intervención General del Estado a petición de la Fiscalía, en el que se señala que serían responsables de los delitos que se investigan todos los miembros de la cadena de pagos del Ayuntamiento, es decir todos los intervinientes en el pago de una factura.

El auto judicial señala que “en este momento de la instrucción si hay indicios de que pueda ser autor de los hechos que se investigan, por cuando no se ha respetado la legalidad en la materia de contratos, presentación de facturas, comprobación de la realidad de los prestado y falta a las normas de procedimiento”.

Esta conducta ha provocado, según la resolución, que se hayan abonado facturas “faltando a las mínimas normas legales de procedimiento, consiguiendo así malversarse de los caudales públicos cantidades importantes, e incluso escandalosas, máxime en la difícil época en la que vivimos”.