Este 2012 que acaba pasará a la historia como uno de los años más duros de nuestra historia reciente. Especialmente por el significativo crecimiento del desempleo (al borde ya de los seis millones en España y de los 400.000 en Canarias), la falta de crédito a las familias y a las empresas, el aumento de la pobreza y de los desahucios, que configuran una Canarias y una España que retrocede en todos los parámetros económicos y sociales.

Al tiempo, se ha proseguido con la descapitalización de los servicios públicos, esenciales para alcanzar adecuados niveles de equidad, que cuentan con menos medios materiales y con menos personal, lo que lleva a una peor atención a los ciudadanos. Con incremento de las listas de esperas, tanto diagnósticas como quirúrgicas, y masificación en las aulas de colegios e institutos. O con privatizaciones de hospitales y centros de salud, como las aprobadas esta semana por el Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid.

Introduciéndose, además, copagos en la Sanidad (o, con mayor precisión, repagos, dado que ya se paga vía impuestos) y en la Justicia, que perjudican a las personas con menores ingresos. Cercenando presupuestariamente la aplicación de la ley de la dependencia, abocándola a su práctica desaparición. O limitando, vía incremento por encima del 40% de las tasas académicas, el acceso y la permanencia en la Universidad de los menos pudientes.

Nada de lo que ha sucedido este 2012 ha sido fruto de la casualidad. Todo tiene que ver con la profunda crisis económica y, especialmente, con las erróneas medidas para afrontarla. Medidas que ya inició Zapatero en 2010 y que el Ejecutivo de Rajoy ha llevado al extremo desde la mayoría absoluta que consiguió el PP en las urnas. Lo que empieza a ser conocido como austericidio, es decir recortes permanentes en los presupuestos públicos para cumplir con la deuda y el déficit, que dañan a amplias capas de población, empobrecidas y arrojadas al amparo de organizaciones benéficas.
Se podía haber elegido otro camino que no fuera tan destructor de puestos de trabajo y de proyectos vitales. Porque las políticas en vigor nos están llevando a una nueva recesión, al incremento brutal del desempleo y a la imposibilidad de pagar la deuda. Son políticas que están demostrando de sobra que son tan ineficaces como injustas. Se precisan otras políticas. Que pongan por delante el interés de la mayoría social y no el de los bancos, los mercados o la señora Merkel. Que apunten hacia una sociedad más justa y equilibrada, un modelo económico sostenible y una democracia más transparente y participativa. Que aplacen el ajuste fiscal hasta, al menos, 2018, posibilitando que la deuda soberana sea financiada en condiciones favorables por el Banco Central Europeo (BCE) y evitando su impacto brutal en la economía y en la calidad de vida de la gente. Estimulando la economía y el empleo desde una potente inversión pública europea. Aumentando los ingresos de las Administraciones a través de una política fiscal progresiva y justa, que haga pagar más a quienes más tienen; y persiguiendo sin descanso el fraude fiscal y los vergonzantes paraísos en que algunos colocan el dinero. Estableciendo impuestos a las transacciones financieras y a los beneficios de los bancos; y poniendo límites al papel de las agencias de calificación.

Desafortunadamente, el Gobierno de Rajoy (y, en buena medida, también el Ejecutivo de Rivero) han optado por más de lo mismo, repitiendo las recetas neoliberales que solo están consiguiendo que los efectos de la crisis sean cada vez más devastadores. La prueba evidente de que no hay la menor rectificación, sino todo lo contrario, la tenemos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y en las cuentas públicas de la Comunidad Canaria para 2013, que generarán más paro y una mayor contracción económica.

Antes ha venido toda una batería de decisiones del Gobierno de Rajoy, incumpliendo en gran medida el programa electoral con el que el PP ganó las elecciones del 20-N de 2011. Una reforma laboral tremendamente agresiva, que facilita el despido y conculca derechos de los trabajadores. Subidas de impuestos indirectos que negaban y criticaban. Aumentos en el coste del recibo de la luz. Rescate a los bancos y no a las personas. Recortes en la Educación y en la Sanidad. No actualización de las pensiones. Gobernando, además, a golpe de decreto y sin la menor intención de buscar acuerdos parlamentarios ni con el conjunto de la sociedad, como queda muy visible en el caso de la LOMCE.

Pero no todo ha sido negativo en este 2012 que acaba. Considero muy importante la movilización social frente a estas políticas injustas. De manera muy relevante en las dos huelgas generales convocadas, en marzo y en noviembre, con una elevada participación pese a las difíciles condiciones (miedo a perder el empleo o a descuentos salariales inasumibles por muchos trabajadores), con las manifestaciones más numerosas de las últimas décadas. O las mareas educativas y sanitarias, que se oponen a la privatización de los dos grandes servicios públicos.

También por ejemplos prácticos de organización y de solidaridad con los que peor lo pasan. Que simbolizan muchas ONG y que en el período reciente ha tenido un nítido reflejo en los colectivos que luchan contra los desahucios, que han concienciado a la sociedad sobre este doloroso tema, han frenado muchos desalojos y han puesto soluciones sobre la mesa. Aunque el Gobierno central ha tomado decisiones, más mediáticas que efectivas, que solo salvarán a un 10% de las personas que están a punto de perder su vivienda. Somos muchos los que desde colectivos sociales, sindicatos, partidos políticos, intelectuales… cuestionamos las políticas vigentes y planteamos alternativas sólidas, argumentadas y factibles, que supongan un giro desde el neoliberalismo salvaje a una economía puesta al servicio de las personas.

Se trata de ser capaces de articular esa respuesta, esa rebeldía frente a decisiones erróneas que están edificando una sociedad más injusta y desestructurada, que deja a miles de personas en la cuneta. Por eso, hemos venido promoviendo la idea de un frente amplio que, junto a las reivindicaciones específicas de una Canarias maltratada por el Gobierno de España, sea capaz de articular en las Islas un modelo económico y social equilibrado y que combata los actuales abismos sociales. Cierto es que expertos y organismos internacionales aseguran que 2013 nace con perspectivas negativas; lo que no debe llevarnos al desánimo sino a redoblar esfuerzos en esa línea unitaria y a favor de los intereses de la mayoría social.

*diputado en el Parlamento canario y presidente de Nueva Canarias