J. L. C. | Santa Cruz de Tenerife
La futura ley canaria de salud pública, consecuencia de la iniciativa legislativa popular en defensa de la sanidad en el Archipiélago, no llegará al Pleno del Parlamento autonómico al menos hasta la primavera del próximo año, después de que ayer la Comisión de Sanidad de la Cámara designara a los ponentes de cada grupo parlamentario que defenderán el informe.
Tras ser admitida a trámite en primera lectura hace ya seis meses, el Consejo Consultivo determinó que algunas de las cuestiones incluidas en el articulado no eran competencia de la Comunidad Autónoma o no estaban contenidas en la legislación nacional.
Por ello, el Consultivo recomendó que se hicieran una serie de cambios en la misma, al objeto de equiparar la citada ley de salud pública canaria a la aprobada por el Estado en octubre de 2011.
Como explica al DIARIO la portavoz del Partido Popular (PP) en materia sanitaria en la Cámara, Mercedes Roldós, “los grupos están trabajando en la elaboración de enmiendas, que luego deben ser consensuadas para configurar el informe de ponencia que debe ir al Pleno el próximo año”.
25.000 FIRMAS
Dicho informe, subraya Roldós, “no llegará a la Cámara antes del mes de abril”, aunque el proceso “dependerá del tiempo que tarden los grupos en elaborar ese informe de la ponencia”. Impulsada por el Foro Social por la Salud y la Sanidad Pública, la Proposición de Ley de Iniciativa Popular para la ‘Defensa y Promoción de la Salud y la Sanidad Pública en Canarias’, llegó al Parlamento amparada por más de 25.000 firmas.
Según expone Arturo Borges, uno de los portavoces del Foro, “la iniciativa popular surgió ante la necesidad de atención sanitaria que está padeciendo la población del Archipiélago, con unos indicadores que se van deteriorando con el paso del tiempo, una afectación seria en la salud por la crisis y con el incremento de patologías con una clarísima raíz social y económica”. Borges deja claro que “hay medidas muy urgentes”, que a su juicio pasan por una política fiscal que conlleve una verdadera redistribución de los recursos económicos hacia acciones de choque inmediatas como son reducir las listas de espera, y resolver el colapso de los servicios de urgencias y el deterioro en la atención primaria y especializada”.
“Para ello, proponemos medidas fiscales como impuestos directos progresivos, recuperar el impuesto de sucesiones, el de patrimonio, y que se promuevan impuestos finalistas sólo para la salud y la sanidad, como los destinados al tabaco, al juego o al alcohol”, concluye.