JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife
Diplomado en Enfermería por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y experto en Salud Comunitaria, José Gilberto Moreno García (Arucas, 1970) llegó a la Dirección General del Menor y la Familia del Gobierno de Canarias en agosto de 2011. Desde entonces, su apuesta por la integración de los niños en desamparo y las acciones de prevención han permitido que las cifras de menores en recursos de protección disminuyan de manera importante. Ahora, su siguiente reto es la eliminación de los centros de internamiento para jóvenes con medidas judiciales, algo que, como confiesa en esta entrevista con el DIARIO DE AVISOS, espera lograr a medio plazo.
-Canarias está apostando por el acogimiento familiar de menores en situación de desamparo, a pesar del actual contexto de crisis. ¿Por qué?
“Hay diferentes situaciones en los recursos de protección a la infancia. El más importante es la prevención, detectar cualquier factor de riesgo que se produzca, intervenir sobre él y atajarlo, para que el desarrollo del niño en el entorno social y familiar sea el más normal posible. Este es el principal aspecto sobre el que nos debemos esforzar, sobre todo en el actual contexto de crisis económica. Sin embargo, el modelo de protección ha cambiado en los últimos años, y Canarias se ha convertido en un modelo en cuanto a justicia juvenil, que ahora se plantea como proyecto educativo. De hecho, hoy en día sólo tenemos seis menores en régimen cerrado, algo de lo que no puede presumir ninguna comunidad. Y también hay una apuesta firme por el acogimiento familiar, para construir un nuevo futuro para los niños, para que crezcan con un vínculo afectivo directo y conseguir reintegrarlos en sus familias de origen”.
-¿Cómo se logra ese objetivo si las administraciones destinan menos recursos económicos?
“El Gobierno canario ha sido sensible con este tema; por eso, ha aumentado el dinero destinado a los recursos de protección para el año próximo. La infancia es prioritaria, y no hay recorte en ese ámbito. Además, hay que dejar claro que en ningún momento está ocurriendo en Canarias un desamparo por una situación económica. Ningún absentismo escolar, ni una falta de condiciones sanitarias, ni siquiera un maltrato familiar debe aparejar la separación de un hijo de sus padres por un motivo exclusivamente económico; ni lo ampara la ley ni se detecta como factor de riesgo, sino como solución a un problema que puede derivar en una situación de riesgo. El desamparo siempre va vinculado a esa obligación de cubrir las necesidades básicas de un niño o una niña. Y en eso es en lo que nos tenemos que volcar”.
Ningún desamparo en Canarias ocurre por una situación económica
-Sin embargo, algo debe estar fallando cuando Canarias es una de las comunidades autónomas donde más menores están por debajo del umbral de la pobreza, ¿no cree?
“Este índice viene determinado por la renta per cápita, por las unidades familiares, los ingresos que se tienen, etc. Canarias es la comunidad que menos dinero recibe del Estado, y eso sin duda repercute en los ingresos de las familias. Esa circunstancia, en cualquier caso, no debe conllevar una desprotección de los menores, y es ahí donde el Gobierno está poniendo a disposición de las familias todos los recursos de que dispone; o bien interviene directamente, como también lo hacen los cabildos y los ayuntamientos, que son los primeros en detectar esas situaciones”.
-Pero resulta paradójico que el Gobierno aumente su presupuesto y, en cambio, muchas ONG y entidades que trabajan en materia de menores para los cabildos y ayuntamientos lleven meses sin cobrar…
“Es la cara triste de la crisis. Los cabildos tienen las competencias del acogimiento residencial y los ayuntamientos tienen las competencias en la detección del riesgo en los menores en su entorno municipal. La derivación económica provoca esto, que muchos convenios con estas entidades no se estén cumpliendo. Hay que saber manejar la gestión y la operatividad, porque el personal tiene que cobrar para realizar su trabajo, y debería haber una mayor coordinación para asegurar las condiciones de pago y evitar que la protección de los niños pueda verse afectada”.
-Esa apuesta por el acogimiento familiar, ¿puede provocar en el futuro que se cierren los centros de internamiento para menores?
“Ese es el objetivo a medio plazo, y creo que se puede conseguir. Ya estamos en una buena dinámica, porque ahora sólo hay seis menores en régimen cerrado. Ya el Estado, a través del Senado, incluyó en la pasada legislatura una disposición por la cual se eliminaba el acogimiento residencial para niños de entre 0 y 6 años. Fue entonces cuando Canarias apostó por el Banco de Familias Acogentes, y nuestra primera opción es ya el acogimiento familiar. Intentaremos que desaparezcan los centros de internamiento para jóvenes con medidas judiciales, porque no es el modelo ideal para los niños”.
Debe haber más coordinación para evitar que los niños queden desprotegidos
-La tarea no será fácil, sobre todo cuando tenemos casos como el de Phillip García, el niño que murió en Valle Tabares, por el que acaban de ser condenados tanto guardias de seguridad como educadores, e incluso estuvo imputada la Dirección General del Menor…
“El pasado siempre deja huella, pero sucesos como aquel también forzaron que hubiera un cambio de modelo de atención a la infancia en Canarias. Pasamos de un modelo penitenciario o reformatorio a uno educativo, y fuimos los primeros en eso. Todavía quedan muchas cosas por mejorar, pero las estamos limando y creo que poco a poco esos procesos reeducativos reemplazarán a los de reforma. Intentaremos que esos menores con medidas judiciales puedan acceder también a un vínculo afectivo y un desarrollo normalizado, eliminando así la institucionalización en un centro de acogida o internamiento”.
-La normalización de la que habla también está calando en el modelo de adopción, no sólo nacional sino internacional, ¿no es así?
“Las adopciones internacionales, por el contexto de crisis y los gastos que generan, han disminuido, pero Canarias siempre ha sido una de las regiones donde la adopción está presente como recurso de protección y creación de familia. Las sociedades modernas avanzan hacia la diversidad de las familias, y en ese aspecto Canarias también es puntera”.
-Cuando hablamos de infancia no reparamos en ocasiones en los niños con discapacidad, que habitualmente sufren una doble discriminación. ¿Se está trabajando para reforzar a estos colectivos?
“La población más vulnerable, dentro de la propia infancia, son los niños con discapacidad. Por eso, hay que establecer todos los cauces necesarios para que estén en un entorno adecuado, que les facilite su integración. Hay muchas ONG que están haciendo un inmenso trabajo, y para nosotros sería inviable continuar si no estuvieran ellas. Habría que ponerlas en un pedestal”.