DIARIO DE AVISOS | Santa Cruz de Tenerife
“El Gobierno de Canarias ha sido generoso y ha actuado muy por encima de su competencia. De hecho, el Plan Integral del Menor de Canarias (1999-2009) preveía la necesidad de contar con unas 6.000 plazas públicas, con lo que se ha superado con creces las previsiones de este plan, al verse incrementado en un 150% las plazas de escuelas infantiles con respecto a las previsiones del mencionado plan”, explicó ayer en sede parlamentaria la consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, donde compareció para explicar sobre la colaboración del Gobierno con los ayuntamientos en la financiación de las escuelas infantiles municipales. “A todas estas plazas, habría que sumar las 1.029 gestionadas directamente por el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Protección del Menor y la Familia, transferidas por el antiguo Instituto Nacional de Asistencia Social, dependiente del Ministerio de Trabajo”, matizó Rojas, quien recordó que “las escuelas infantiles ya no se encuentran en el marco de las competencias de esta Consejería sino en las de Educación”.
Rojas comenzó su intervención realizando un pequeño recorrido histórico sobre la colaboración que el Gobierno de Canarias ha venido manteniendo con los ayuntamientos del Archipiélago no sólo para la creación y construcción de escuelas infantiles para niños y niñas de 0 a 3 años, sino también para su financiación y mantenimiento. En este sentido, la consejera regional distinguió entre las escuelas infantiles propias, en virtud de las transferencias ministeriales, que conllevó la desaparición de las competencias en esta materia del Instituto Nacional de Asistencia Social, y las de competencia municipal, gestionadas por los consistorios.
LEY DE DEPENDENCIA
Por otro lado, Rojas informó sobre las consecuencias de los Presupuestos Generales del Estado en los servicios sociales, así como por los cambios previstos en la Ley de Atención a las personas en situación de Dependencia. “Cada vez es mayor la diferencia en la financiación entre las comunidades autónomas que destinamos el 80% de la financiación a mantener el sistema de Atención a las Personas en situación de Dependencia, ya que el Estado sólo aporta el 20%, cuando la Ley es clara y obliga a un 50 a 50”, explicó la consejera, quien recordó que “el Gobierno del Estado suprimió en 2012 el llamado nivel acordado, que ascendía a 283 millones de euros, por el que el Archipiélago recibía en torno a siete millones y medio de euros.
Este año también lo ha eliminado, por lo que el Estado incumple el artículo 32 de la ley, el artículo que dispone la financiación del sistema”, denotó Inés Rojas, quien, pese a todo, aseguró que “Canarias mantendrá todos los centros de atención a las personas dependientes, lo que supone unas 13.000 plazas”.