EUGENIA PAIZ | Santa Cruz de La Palma

El alcalde de Santa Cruz de La Palma, Sergio Matos, está dispuesto a solucionar las diferencias que, desde que se aprobaran los controvertidos estatutos y el modelo de contrato de alquiler para los vecinos de Mirca y Timibúcar, ha mantenido con la mayoría de estas familias. Matos ha asumido la gestión de este asunto, que debería haber sido la mejor noticia del año y a la que mayor rédito político sacara el grupo de Gobierno y que ha pasado a convertirse en la gran polémica con la que cierran el año 2012.

Lo evidente, al menos para los abogados consultados por la treintena de vecinos que aún no han recogido sus llaves para mudarse al moderno edificio y dejar atrás sus precarias viviendas, es que el contrato de cinco años de alquiler ofrecido a los beneficiarios es sinónimo de una inestabilidad que quedará atrás a partir del próximo miércoles.

Esa es la fecha señalada por el alcalde socialista para reunirse con los afectados y garantizar una serie de condiciones que deberían ser suficientes para cerrar este molesto tema. Matos se comprometió a negociar con el Gobierno central y el canario para, en el plazo de una década, lograr que los contratos de alquiler puedan tener una opción de compra. Esa es ahora, después de que los 30 vecinos no se presentaran a recoger las llaves, la nueva interpretación del concepto de “justicia social” mencionado en reiteradas ocasiones por el concejal popular de Urbanismo, Juan José Cabrera, que ha pasado a un segundo plano en la gestión del problema.

“Las viviendas, aunque sean de reposición y tengan nombres y apellidos, no son gratis”. Así lo señaló en el último pleno el alcalde, que pidió a las familias disconformes con las rentas baremadas, la entrega de las mismas en el consistorio para “revisar” si se existe algún error.

La concejal de Hacienda, la popular Nieves Rodríguez, reveló el incómodo dato de que el Ayuntamiento ingresaría anualmente, por estos alquileres, unos 38.000 euros.