Se veía venir. Después de que el PSC anunciara que no apoyaría a Artur Mas en su investidura y que en modo alguno formaría parte del nuevo Gobierno de la Generalitat, a CiU solo le quedaba la alternativa de echarse en brazos de ERC para lograr la estabilidad que necesita, puesto que el PP quedaba descartado, tras su negativa a poner en marcha el pacto fiscal, por una cuestión de principios. Ya dijo el president en funciones, la misma noche electoral, que “CiU no tiene la fuerza suficiente para liderar el Gobierno y el proceso” soberanista. De ahí el obligado recurso a los republicanos, grandes triunfadores del 25N tras capitalizar en su favor el voto independentista.
ERC no quiere entrar en el Ejecutivo de un Mas debilitado y en horas bajas, al que tampoco garantiza apoyos más allá de dos años, como declaraba ayer mismo a El País su líder, Oriol Junqueras. Y ello contando con que previamente se acuerde una fecha para el anunciado referéndum, y se olviden algunos de los recortes sociales impuestos por la UE y el Gobierno español a cuenta de la estrategia de consolidación fiscal o cumplimiento de los objetivos de déficit público. Junqueras opina que “desde la oposición se puede hacer el mismo trabajo por la independencia”. Pero, ¿cómo casar los intereses de CiU y ERC en materia social y económica de cara a un pacto? Ahí radican los mayores obstáculos para el entendimiento ya que los republicanos han adelantado que desean rebajar el IRPF, suprimir el euro sanitario, crear un banco público, recuperar el impuesto de sucesiones, imponer una tasa sobre los depósitos bancarios, aumentar las becas y los ratios de alumnos por aula, recuperar la sexta hora escolar perdida por los ajustes económicos, suprimir los recortes en educación y sanidad, etc.
Todas estas medidas se encuentran en las antípodas del programa de CiU, de modo que, como anticipó Oriol Pujol, teórico número tres del partido, si ERC no acepta la política de recortes, la consulta soberanista quedará por el momento “en el congelador”, dada la necesidad de otorgar prioridad a las obligaciones del día a día. Está en juego la gobernabilidad de Cataluña para los cuatro próximos años y no parece que ERC la vaya a propiciar a menos que Artur Mas siga adelante, como ha prometido, con la idea del referéndum. Sobre este Unió, el partido de Duran-Lleida, mantiene reservas si no se celebra en un marco de una legalidad, hoy impensable tras el anuncio de Rajoy de no autorizar la consulta. Cuanto más ceda el líder de Convergencia ante las pretensiones de ERC, más se apartará de los postulados de su socio democristiano y del sentir de una buena parte del electorado catalán que entregó su voto al nacionalismo moderado, no al radical y frentista de ERC.
Olvidada la autocrítica, el camino que debe recorrer Mas en los próximos meses no parece que esté lleno de rosas, sino más bien de espinas, a modo de vía crucis. Su estrategia de adelanto electoral se reveló atolondrada e inoportuna; ahora está en peores condiciones para gobernar que hace un mes, muy lejos de la mayoría absoluta que reclamaba en plan plebiscitario, envuelto en la bandera populista del independentismo que nunca había abrazado CiU, con una estrategia burda duramente castigada en las urnas en favor de ERC, que ahora aspira -en un inverosímil ejercicio simultáneo- a controlar el Gobierno y, al tiempo, liderar la oposición. A la vuelta de la esquina, a CiU le aguarda una investidura llena de críticas, inmediatamente después unos presupuestos de inevitable contestación en toda la izquierda, con recortes difíciles de aplicar por culpa de los republicanos, y a medio plazo -unos meses si triunfa la tesis de ERC de llevar la consulta a finales de 2013-, la agenda separatista con toda la secuela de encontronazos legales y -no es en absoluto descartable- un desenlace conflictivo o decepcionante. En este último caso solo quedarán dos alternativas: o la dimisión de Mas o un nuevo adelanto electoral. Todo va a depender de si el nacionalismo radical, con la colaboración del moderado, antepone o no el tema de la secesión a la gestión diaria de la crisis, derivada del Pacto de Estabilidad.
A pesar de que la sociedad catalana es políticamente heterogénea, como lo prueba la presencia de siete partidos en el Parlament, Mas ha decidido, en contra de la lectura que algunos observadores hacen del reciente proceso electoral, seguir adelante con su órdago soberanista. Sabe que no puede organizar ningún referéndum secesionista y el Gobierno del Estado tampoco, pero está dispuesto a retomar la Ley de Consultas, que decayó al morir la anterior legislatura y con la cual sí podría llevar a cabo su propósito. No podría utilizar el censo electoral, pero en su lugar recurriría al padrón municipal, e incluso cabría adelantar la participación popular a los 16 años. El resultado no sería vinculante, pero, qué duda cabe, tendría una fuerza política incontestable. La incógnita radica en si el Tribunal Constitucional, al que obviamente acudiría Rajoy, validaría una ley de tal naturaleza.
Actualmente rige una Ley de Consultas recurrida en 2010 por Zapatero y que, tras diversas peripecias, solo permite convocar consultas vía referéndum sobre competencias de la Generalitat, previa autorización del Gobierno central. CiU, disconforme con esta decisión provisional del Tribunal Constitucional, preparaba otra norma autonómica que no requeriría el visto bueno del Ejecutivo central y con la que pretendía someter a consulta el pacto fiscal que Rajoy rechazó en septiembre pasado. Esta norma decayó con el adelanto electoral pero CiU quiere retomarla pasada la festividad de Reyes, para llevar a cabo la consulta independentista. Pero, con toda probabilidad, su aprobación la recurrirá el Gobierno del PP. Así las cosas, a Mas solo le quedarán dos alternativas: reclamar un cambio en la ley estatal para que se autorice el referéndum catalán, lo cual con toda seguridad será rechazado por Madrid, o continuar con su proyecto e “internacionalizar el conflicto” acudiendo a la UE y a los tribunales europeos en busca de apoyos para la consulta. Si decidiera seguir adelante con el referéndum, además de acudir al Tribunal Constitucional, el Gobierno podría aplicar los artículos 149, 155 y 161 de la Carta Magna e incluso el Código Penal, artículo 410, que en su caso conduciría a la inhabilitación especial del presidente de la Generalitat para el ejercicio de su cargo, desde seis meses a dos años.
Como no creo que interese que las cosas lleguen a estos extremos, lo inteligente sería que Mas y su partido, pero también el Gobierno de Rajoy, reflexionaran sobre la conveniencia de que nadie se aparte de la legalidad y sobre la necesidad de que la negociación y el diálogo marquen el devenir. CiU debería recuperar el espíritu de la transición y la misma voluntad moderadora e integradora, con sentido de Estado, que llevó a esta formación a ser parte activa en la redacción de la Constitución del 78, a formar mayorías parlamentarias estables y a sostener a diversos gobiernos de España en el ejercicio de sus responsabilidades. Por su parte, el Ejecutivo de Rajoy tiene que abandonar posiciones fatalistas y suspicacias preconcebidas y alinearse con Azaña cuando insistía en la cuestión catalana y su dimensión política: “Nos encontramos ante un problema que se define de esta manera: conjugar la aspiración particularista o el sentimiento o la voluntad autonomista de Cataluña dentro del Estado con los intereses o los fines generales y permanentes de España”.
En Cataluña hay una realidad incuestionable. Los partidos moderados (CiU, PSC, PP, C’s) tienen más representación parlamentaria que los radicales (ERC, ICV, CUP): 98 frente a 37 escaños, y la derecha suma más diputados que la izquierda; 78 frente a 57. También es ligeramente superior el número de votos populares logrados por los partidos no independentistas que los puramente independentistas. Sin embargo, se dan también una mayoría favorable al referéndum: 107 de 135 diputados y otra que postula el soberanismo puro y duro: 87 representantes populares frente a 48. Todo ello hace del Parlamento un crisol de opiniones plurales como compendio de los dos extremos ideológicos de Cataluña: el seny, símbolo del pragmatismo, la sensatez, el sentido común, y la rauxa, que une el arrebato con la visceralidad y la pasión irreflexiva.
Tras el error de Mas al identificar la manifestación de la Diada con las ansias de libertad de Cataluña e incluso con su partido y con su persona, habría que evitar ahora la posibilidad de que el PP confundiera el fracaso del líder convergente con la extinción de las aspiraciones catalanas en orden al reconocimiento de su identidad y a su mejor encaje en el Estado de las Autonomías o en un Estado federal. Un Estado que, por encima de tensiones forzadas y presuntos agravios, con generosidad y grandeza, debe acoger a todos los que formen parte del mismo para encarar juntos, con garantías de éxito, un proyecto compartido y viable en el contexto nacional y europeo.