Mediando una quesadilla que caducó en veinticuatro horas, ya han sido aprobados por presupuestos generales autonómicos para 2013, la soga con la que se ahorcará a la actividad economía, los servicios públicos y los ciudadanos isleños en el próximo año. Solo me asomé a pantalla de la televisión durante un instante durante el debate y tuve la mala suerte de encontrarme con la faz de Jorge Rodríguez, diputado de día y asesor de noche, o quizás sea al revés, que con su voz de solemne chambelán sentenciaba que los presupuestos presentados no eran nada sociales. No apagué la tele: la desenchufé. En sus intervenciones el Gobierno arrastraba el proyecto presupuestario como un cadáver entre los escaños; Javier González Ortiz, especialmente, señalaba el muerto y denunciaba, con las manos entintadas en sangre, que al difunto lo habían apuñalado desde Madrid. Los socialistas estaban muy callados y circunspectos, como si asistieran al funeral de un pariente tan lejano que no recordaran el nombre. Su débil defensa argumental para justificar el pacto, eso de que el PSC-PSOE es la garantía política de conservar los servicios públicos esenciales -¿qué entenderán por servicios públicos esenciales?- se ha disuelto como en un azucarillo. El PSOE también ha tomado decisiones políticas -es decir, selectivas- en el diseño presupuestario. La barbaridad de bajar un 20% el salario a más de 3.000 empleados laborales de la Comunidad autonómica se coció en las retortas de Francisco Hernández Spínola. Se hubiera conseguido más del doble de ahorro sacrificando un 1% de los funcionarios de la administración autonómica, pero el preferible aplastar a 3.000 votantes que molestar de nuevo a 30.000, o eso supone el señor Hernández Spínola. Se equivoca, claro. Se equivocan todos aquellos -empezando por el presidente Paulino Rivero- que sostienen que pueden salir de esta sin resultar churrascados hasta las cenizas.

Esto no ha hecho más que empezar. Recuerden el año que está a punto de acabar y los tijeretazos sobrevenidos que De Guindos y Montoro aplicaron a sus propios presupuestos para horror y pavor de las comunidades autonómicas. Y no cabe descartar siquiera la amenaza de una intervención estatal en la gestión de varias autonomías. En el caso de Canarias, quizás no estaría justificada financieramente. Políticamente, en cambio, puede ser el eje de una apuesta brutal para detonar un Gobierno y crear una nueva mayoría parlamentaria.