DIARIO DE AVISOS | Santa Cruz de Tenerife
El Partido Popular presentó ayer una solicitud en el Ayuntamiento de la capital, en la misma línea de la anunciada el día anterior por los ediles de Ciudadanos de Santa Cruz, para forzar al alcalde a convocar un pleno extraordinario sobre la crisis de Emmasa, la empresa mixta de aguas, en virtud del artículo 46 de la Ley de Bases de Régimen Local, que reserva esta prerrogativa a la oposición cuando así lo requieran, como mínimo, una cuarta parte de los concejales.
En el caso de la capital tinerfeña, bastaría con siete ediles, y el PP dispone de nueve, tras ser la lista más votada en las últimas elecciones locales. Los populares ya utilizaron este recurso en septiembre, obligando a convocar un pleno extraordinario sobre la situación de los servicios sociales en el municipio. A partir de este momento, el alcalde dispone de 15 días hábiles para convocar el pleno, que, en caso de negarse, quedaría “automáticamente convocado para el décimo día hábil siguiente al de la finalización de dicho plazo, a las 12 horas, lo que será notificado por el Secretario de la Corporación a todos los miembros al día siguiente de la finalización del plazo citado”, según la ley.
La portavoz de los populares de Santa Cruz, Cristina Tavío, aseguró en rueda de prensa que “la gravedad de los hechos exige una respuesta inmediata, y no podremos adoptarla sin conocer en profundidad lo ocurrido y debatir con transparencia una solución”. “Lo fácil para el alcalde ha sido subirle la tarifa del agua a los vecinos”, aseguró Tavío, “en lugar de exigir a la empresa el cumplimiento de las obligaciones contraídas cuando se le adjudicó el contrato”.
En relación al reciente pronunciamiento del Supremo, que confirma la sentencia anulatoria del concurso de privatización de la empresa, los populares exigen una respuesta al alcalde sobre su ejecución, y defienden que “en ningún caso la solución puede incluir la devolución del canon a la adjudicataria”. Mostraron su preocupación por el hecho de que en noviembre, “y antes de conocerse el fallo del Supremo”, el Ayuntamiento provisionó en el cierre contable de 2011 una cantidad superior a los 44 millones de euros para hacer frente a las consecuencias del litigio.