EUROPA PRESS | Madrid

El PSOE, ICV, UPyD, ERC y Compromís-Equo pedirán el jueves de la próxima semana ante el Pleno del Congreso de los Diputados la devolución al Gobierno del texto presentado para reformar la vigente Ley de Costas de 1988, a través de sendas enmiendas a la totalidad, según adelantaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

Se trata de una reforma legislativa que el Consejo de Ministros presentó el pasado 5 de octubre y que actualmente está en fase parlamentaria, a la espera de que los grupos del Congreso presenten sus aportaciones. Entre otros puntos, amplía los plazos máximos de las concesiones hasta 75 años, siempre que sean respetuosas con los dominios público marítimo-terrestre.

Así, el portavoz socialista de Medio Ambiente, José Luis Ábalos, ha alertado del “deterioro irreversible” para el Medio Ambiente que supondría esta reforma, y por el que el PSOE ha decidido presentar una enmienda a la totalidad del texto del Gobierno.

“Supone una decisión firme para desproteger y sobreexplotar el litoral, exactamente lo contrario a los conceptos de protección y uso sostenible que indica de forma engañosa su título y exposición de motivos”, argumenta, a la vez que avisa de que las intenciones del Gobierno están relacionadas con potenciar la especulación en la costa, hoy protegida, para el enriquecimiento de unos pocos.

Es más, indica que la suma de medidas de desprotección resulta en su conjunto un “atentado letal” para el equilibrio territorial de España, el “mayor desde que el anterior Gobierno del PP aprobara reforma de la Ley del suelo de 1998″, a la vez que lamenta que el Gobierno no haya consultado ni con las organizaciones ni con las administraciones involucradas. “Falta transparencia, información pública y participación”, resume la enmienda presentada por el Grupo Socialista.

Precisamente, desde ICV, y en nombre de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), su portavoz en la materia, Laia Ortiz, coincide en su enmienda a la totalidad del texto con el PSOE, en que debe ser devuelto al Ejecutivo y consultado con las organizaciones, a la vez que la reforma abandona el concepto de protección del litoral, favoreciendo la especulación y privatización, primando así los intereses económicos sobre los ambientales y sociales.

Además, dice que no mejora la seguridad jurídica de los afectados por los deslindes ya aprobados y critica que el presente proyecto de ley no es más que la continuación de las políticas del Gobierno de abandono de la protección del medio ambiente.

“A pesar de que nuestro litoral es el más degradado de Europa, el Gobierno se olvida de la costa, la deja a su suerte, o más bien la deja en manos privadas. Primero reduciendo las partidas presupuestarias destinadas al litoral, y ahora con una reforma de la ley de costas de 1988 que atenta gravemente contra nuestra costa”, advierte Ortiz.

Sumado a todo esto, defiende que la propuesta no tiene en cuenta los efectos del cambio climático, con la consiguiente subida del nivel del mar y la alteración de los fenómenos atmosféricos, lo que comporta un peligro para la seguridad de aquellos que viven en la costa. De igual forma, critica que la reforma excluye de las zonas de dominio público marítimo terrestre algunas formaciones dunares y las zonas inundables creadas artificialmente.

UNA EDIFICACIÓN MASIVA A LARGO PLAZO

Desde UPyD, alertan de que el resultado previsible a medio y largo plazo será la edificación masiva en las playas y una privatización del dominio marítimo terrestre. “Si la voluntad de los responsables para hacer cumplir la ley es la misma que hasta ahora, es decir, ninguna, las situaciones de incumplimiento sobre el litoral no sólo se mantendrán, sino que se incrementarán una vez comprobada la impunidad que se ha impuesto en las cosas españolas durante los últimos años”, añade.

En cuanto a la concesión de plazos de 75 años, la formación magenta considera que se trata de una privatización del suelo ya que la revocación de una concesión por parte de la administración es casi imposible, y ese tiempo es mucho mayor que la vida profesional de 35 años. Al mismo tiempo critica que no se tenga en cuenta la Red Natura 2000.

UNA TRAICIÓN

Mientras, desde ERC, Joan Tardà cree que esta reforma representa “una traición” al título del mismo, ya que lejos de proteger y dar un uso sostenible al litoral, favorece su inseguridad y se ampara la destrucción de los ecosistemas y el mantenimiento de la especulación urbanística, “que tanto ha afectado a la costa”.

Por tanto, incide en que el presente proyecto de Ley está motivado en dar seguridad jurídica a la especulación costera, “especialmente con la tremenda reducción de la servidumbre de protección”, la ampliación de la moratoria por 75 años y, además, permitiendo el derecho a compra-venta.

Asimismo, critican que, medioambientalmente, el presente proyecto de Ley supone “la sentencia de muerte” para determinados ecosistemas y paisajes costeros, con una especial afectación en marismas, salinas, dunas o acantilados, a la vez que se legitima y ampara la destrucción de valiosos espacios naturales.

PRIMAN INTERESES PRIVATIZADORES

Finalmente, Joan Baldoví, de Compromís-Equo rechaza de manera “frontal” el texto presentado por el Ejecutivo por razones de “forma y fondo”.

A su juicio, el proyecto de ley presentado no refleja los objetivos que persigue con la reforma de la Ley de Costas de 1988, pues ni se aumenta la seguridad jurídica de los derechos presentes al incluir mayor arbitrariedad en núcleos y sobre la revisión de deslindes, ni futuros, con el extenso cambio en la definición del Dominio Público Marítimo Terrestre.

Según detalla, la Ley de 1988 quiso proteger al dominio público frente al interés privado y en esta reforma “se apunta a todo lo contrario”: proteger el interés privado a costa del dominio público y sólo se favorece a determinados grupos de interés.

El parlamentario valenciano cree que tampoco se promueve una protección efectiva del litoral, pues se elimina la protección de importantes tramos costeros. Igualmente, defiende que esta normativa supondría un retroceso para la actividad económica, pues aumentaría el gasto en actuaciones en la costa.

Finalmente, avisa de que vulneraría el artículo 132 de la Constitución, entre otros aspectos porque “reduce enormemente” la protección del dominio público marítimo terrestre, ya que altera y desnaturaliza los elementos de protección del litoral.