EUGENIA PAIZ | Santa Cruz de La Palma

El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma aprobó ayer -por primera vez en una larga y consolidada tradición de notables retrasos- sus cuentas para 2013 antes de que culminara el año en curso, eso sí con el voto en contra de la oposición nacionalista. El Presupuesto municipal vuelve a bajar, en este caso un 1,22%, y ya se sitúa en 15,8 millones de euros. De su desglose destaca el raquítico capítulo VI, destinado a las inversiones reales, que no llegan al medio millón de euros y de los que solo serán financiados con aportación municipal 75.600 euros, lo que demuestra “en las circunstancias presentes el margen de maniobra es nulo”.

DOCUMENTO “REALISTA”

Lo que para el grupo de Gobierno, conformado por socialistas y populares, es un documento realista, ajustado a las necesidades y con especial sensibilidad en materias como asuntos sociales, para la oposición nacionalista es “un fracaso” y un “trágala” que incide negativamente sobre la economía de los ciudadanos, por cuanto se produce una subida de impuestos y tasas.

La concejal de Hacienda, Nieves Pilar Rodríguez, del Partido Popular, defendió el trabajo realizado, al que “hemos dedicado tres meses” insistiendo en que las cuentas son “las adecuadas para seguir avanzando en nuestra pretensión de sanear las cuentas municipales y atender las demandas de los ciudadanos dentro de nuestras competencias”.

En su discurso, tras verse recriminada por no haber terminado las cuentas antes, la edil se preguntó si la oposición quería que dedicara todo el año a la elaboración de las cuentas del Ayuntamiento “como para los Carnavales de Tenerife o Las Palmas”. El alcalde socialista, Sergio Matos, defendió un presupuesto que “continúa en una línea de eficiencia en el gasto municipal, con la reducción de los contratos administrativos de suministros y servicios, la no ejecución de gastos inútiles, el descenso de los gastos de protocolo y la disminución de asignaciones a los grupos políticos municipales”, a lo que se sumarían “las reducciones en las retribuciones de los órganos de gobierno y la congelación de oferta de empleo público”, entre otras medidas.

SIN PARTICIPACIÓN

Coalición Canaria, por boca de su portavoz, Juan Felipe, acusó a socialistas y populares de elaborar un presupuesto alejado de las promesas realizadas en sus respectivas campañas electorales. Se refería al compromiso de ambos grupos políticos de consolidar unos presupuestos participativos, algo a lo que la concejal de Hacienda no accedió porque “tendríamos que reunirnos con colectivos sociales, con agentes sindicales, con trabajadores…”.

La deuda con los bancos, según los nacionalistas, se ha incrementado durante el mandato de este grupo de Gobierno en 3,5 millones de euros, lo que fue contestado por la edil popular recordando la “mala herencia” proveniente de manos del grupo ahora en la oposición.

¿Y LA TRANSPARENCIA?

Acusaciones como la falta de transparencia, la subida de la presión fiscal sobre los vecinos y la abultada partida destinada a pagar sueldos, fueron objeto de un largo debate entre Felipe y Rodríguez, llegando la concejal conservadora a tildar de “tediosa” la intervención del portavoz nacionalista.

Asuntos como el descenso del censo municipal, la carestía del suelo y la especulación urbanística, fueron motivo de análisis en el largo debate de las cuentas municipales, que aumentan muy tímidamente la partida para atención social, y que fueron elaboradas, según la memoria presentada ayer, con la premisa de que “todas las concejalías que practicaran en sus propuestas una nueva rebaja”.

Si bien los gastos de personal ascienden a 8,8 millones de euros, bajan en 1.000 euros las atenciones protocolarias y los créditos de dietas y las partidas para traslados.

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Llega la solución

Sergio Matos anunció ayer en el pleno, y tras comprobar la asistencia de una representación de los vecinos de Mirca y Timibúcar, que modificará el contrato para ampliar los cinco años de alquiler que recoge ese documento. Así mismo garantizó que “vamos a luchar y a trabajar con el Estado y con el Gobierno de Canarias, y espero contar con la colaboración de Coalición Canaria en este tema, para que en 10 años puedan tener un contrato de alquiler con derecho a compra”. Eso sí, les recordó que “las viviendas son de uso social, de reposición y tienen nombres y apellidos, pero no son gratis”, algo con lo que los vecinos, aseguraron “estamos de acuerdo”. El día 2 de enero próximo el Ayuntamiento se reunirá con los vecinos, una reunión que CC pedía para hoy, día 28, pero que será en aquella jornada.

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